Casi nadie en el PP lo esperaba. En la cúpula popular habían marcado el cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) como una oportunidad que permitía reforzar el liderazgo de Alberto Fabra y «venderlo» como un dirigente capaz de tomar decisiones traumáticas con el objetivo de «salvar» servicios básicos. Pero, al menos de momento, la caótica clausura de la cadena autonómica se ha convertido en una patata demasiado caliente para el jefe del Consell. Y más allá de eso, como temen en la cúpula popular, en la espoleta que podría agitar aún más la contestación social que va acumulando el gobierno de Fabra. En un canalizador del malestar ciudadano por la crisis -el año 2014 va a ser otro año muy duro para la gestión económica de la Generalitat, como se desprende de la petición de Montoro para afrontar una nueva tanda de recortes- y por los casos de corrupción que afectan al PP.

Es cierto que el jefe del Consell había conseguido una precaria unidad interna alrededor de su decisión de echar la persiana de RTVV. Los alcaldes, especialmente de pueblos valencianoparlantes, eran los únicos que estaban poniendo en duda, siempre con tono moderado y en privado, la decisión de Fabra. Pero el titular de la Generalitat está atado de pies y manos. Madrid puso encima de la mesa la alternativa de cerrar. Y punto. Dependiente de los créditos que le envían desde el Gobierno para sobrevivir durante el próximo año, Fabra no se podía resistir. La sentencia que anulaba el ERE se había convertido en la oportunidad de liquidar la única televisión autonómica bajo mando del PP que el Gobierno podía cerrar. Nadie tiene más deuda, ni más déficit, ni recurre tanto a los fondos de rescate de Madrid. El escenario perfecto para convertir Canal 9 en «conejillo de indias».

¿Por qué? En la operación impulsada desde Madrid, de hecho, había un cálculo político. Alrededor de 9,5 millones de votantes -unos 950.000 de la Comunidad-, en su mayoría electores del PP, reclaman recortar, en mayor o menor medida, el poder autonómico. Así que en las filas populares también se miraba de reojo esa opción de entregar un trofeo a un sector de votantes que esperaba una mayor disposición de Rajoy a meter la tijera en la organización territorial. Ya sin vuelta atrás -la negociación de última hora con el comité de empresa, admiten en el PP, fue un paripé- no quedaba otra que intentar sacar adelante un proceso sin sobresaltos. Fabra no esperaba una respuesta tan firme de los trabajadores, que ha movilizado a sectores de la izquierda y que le ha vuelto a convertir en el ejemplo de la mala gestión del PP en toda España. Pero, sobre todo, nadie se imaginaba en las filas populares que la Generalitat gestionara de forma tan torpe el cierre de un medio de comunicación. «¿Se podía haber hecho peor? Difícil. ¿Mejor? Muy posiblemente. Pero, al final, la imagen que hemos dado es que cerramos una televisión por la fuerza, con la Policía y, lo que es peor, con todos los periodistas, un sector que genera estados de opinión en la ciudadanía, en contra», definió un veterano dirigente del PP. «Ha sido una chapuza», lamentó otro cargo popular de forma más gráfica.

En esta tesitura, la cúpula del PP confía que, a lo largo de los próximos días, el malestar por el cierre de Canal 9 remitirá. Pero, sin embargo, temen que sirva como catalizador de otras protestas vinculadas a la crisis, los recortes o la corrupción. No se puede decir que el PP tenga un calendario tranquilo. Debe afrontar una nueva tanda de tijeretazos por orden de Montoro; el ejercicio de 2014 volverá a ser terrorífico para que la Generalitat, sin ingresos y sin un nuevo modelo de financiación que palíe el expolio de 1.000 millones anuales, pueda cumplir con los pagos; y, sobre todo, un calendario judicial lleno de sobresaltos con uno de los juicios de Gürtel, el de la trama de Cooperación que implica a Rafael Blasco, el secreto de sumario de la pieza sobre el supuesto reparto de comisiones en la visita del Papa a Valencia a raíz de la retransmisión televisada de Canal 9 o, entre otras cosas, el desenlace de la instrucción sobre el supuesto amaño del PGOU de Alicante. Así que no tendrán ni un minuto de calma. Con esa situación y, en medio de una crispación social que crece, el PP, además, va a tener muy difícil desarrollar una agenda propia al margen del deterioro del Consell. El pasado viernes, de hecho, Fabra salió abucheado de Ibi y Císcar escoltado por una treintena de policias de Alicante. Todo eso, agitado en una coctelera, puede acabar avivando aún más el descontento ciudadano contra los populares. «Esa situación, a medio plazo y en los meses antes de las elecciones, erosiona más la imagen del presidente», reflexionó otro cargo del PP que, además, apuntó con preocupación que el grito «Fabra dimisión» o la petición de elecciones se han convertido en un «clásico de las últimas manifestaciones». «Todo junto tiene un efecto seguro. Va a tener un coste», concluyó.

Pero, además, en las filas del PP se han reabierto interrogantes sobre el liderazgo de Fabra -dudas que el jefe del Consell lleva semanas intentando cortar ofreciéndose como candidato para 2015- pero, especialmente, sobre los equipos vinculados a Císcar y al propio presidente de la Generalitat. ¿Motivo? La gestión del ERE que ha desembocado en el cierre de Canal 9 fue diseñado por la Abogacía y la operación de clausura contaba con el visto bueno del jefe del Consell. Otro caballo de batalla que, según cargos del PP, les traerá más disgustos.