En la cúpula nacional del PP hay enfado y malestar. No por el cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), que tenía el visto bueno del propio Cristóbal Montoro y de Mariano Rajoy desde la misma tarde en la que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció la liquidación el pasado 5 de noviembre. Pero sí por la imagen exterior que se ha ofrecido y por una gestión que, apuntan, tendría que haber sido muy mejorable. En medios internacionales y también en influyentes sectores de Bruselas, de hecho, no ha pasado desapercibido la liquidación de Canal 9. Especialmente, por su paralelismo con la situación que se originó en Grecia. Son las dos únicas televisiones públicas que han cerrado en toda Europa en medio de la actual crisis económica. Eso aparecía en muchos de los comentarios. Y, desde luego, en un momento en el que La Moncloa pretende vender recuperación económica no se trata de la mejor carta de presentación para ofrecer «brotes verdes».
El propio Rajoy, sin ir más lejos, echó balones fuera el mismo viernes, preguntado en Lituania, por el caótico corte de la programación de Ràdio Televisió Valenciana. Y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, cuando fue preguntada el viernes después del Consejo de Ministros, aprovechó, por su parte, para defender el papel de Televisión Española. Hasta ahí. A estas horas, de hecho, no se ha producido ni una sola reacción desde la sede nacional del PP sobre la operación de cierre y la intervención policial en la cadena. Es decir, sobre la gestión de la jornada más dura del mandato, Fabra no cuenta por ahora con un respaldo de puertas hacia fuera desde el máximo órgano directivo de su partido. Es previsible que el próximo lunes, en la comparecencia posterior a la reunión de la ejecutiva nacional del PP, la número dos de Rajoy, María Dolores de Cospedal, sí tenga que abordar la cuestión. Está por ver si ofrece un respaldo claro a Fabra o, por contra, evita el asunto.
