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Fin de la televisión autonómica

Los errores en el cierre de RTVV colocan a Fabra contra las cuerdas

El Consell clausura Canal 9 en medio del caos, gracias a una orden judicial de desalojo y de una intervención policial

Reacción de los trabajadores de Canal 9 que estaban emitiendo en directo en el momento en el que se produjo el cierre de las emisiones. Manuel bruque (EFE)

A las 12 horas y 19 minutos del viernes 29 de noviembre, tres liquidadores nombrados de urgencia por el Consell de Alberto Fabra y convertidos en enterradores, una orden de un juzgado y una intervención de la Policía apagaron la señal de Canal 9. La última imagen de la cadena pública, casi a modo de metáfora, fue la del periodista Genar Martí -uno de los presentadores del galardonado Societat Anònima- retransmitiendo el cierre hasta el final entre un cordón policial y una nube de fotógrafos que certificaba el acta de defunción de 24 años de historia. Un proyecto impulsado, en su día, como pilar del autogobierno y de la promoción del valenciano pero convertido, durante los últimos 18 años de mandatos del PP, en el símbolo de la manipulación, el despilfarro y la mala gestión. El fundido a negro se produjo después de una noche caótica y de resistencia de los trabajadores que, de madrugada y con el apoyo de diputados de la oposición, lograron abortar varios intentos de cortar las emisiones después de que, a medianoche del viernes, el Consell sí acabara con la señal de Ràdio 9. Fueron 13 horas de improvisación con errores de bulto -cargos del PP cuestionan en privado la estrategia de cierre- que, sumados a la tensión de los últimos días, ponen a Fabra contra las cuerdas y con una imagen cada vez más deteriorada. «Fabra dimisión» ya se ha convertido en un grito habitual de las últimas protestas ciudadanas y fue trendig topic durante todo el día en Twitter.

El Consell, de hecho, intentó cerrar la emisión de madrugada, apuntaron fuentes autonómicas, con la intención de «tapar» el conflicto y tratar de amortiguar el escándalo. No lo consiguió. Por contra, fue una noche de tintes surrealistas con trabajadores que no podían entrar a sus puestos de trabajo y a los que, a las tres de la mañana, se les envió un mail ordenándoles que se marcharan con un permiso retribuído; con toques de sainete cuando la Policía trató de impedir el paso a la sede de Canal 9 en Burjassot -una instalación pagada con dinero público- a diputados de la oposición elegidos por el pueblo valenciano que, finalmente, incluso tuvieron que entrar por una ventana; y con episodios propios de tebeo como el del técnico de Gata -apodado Paco «Telefunken»- contratado para cortar la emisión pero que, abrumado por el escándalo, decidió marcharse a su casa. Los trabajadores «aguantaron» la emisión de Canal 9 durante toda la noche -el presidente del comité de empresa Vicent Mifsud se encargó de abortar todos los conatos hasta que llegó la orden de desalojo- con una programación especial: durísimos ataques al PP, dar voz a la oposición y contar la agonía de la cadena. Lograron que el final de Canal 9 copara las redes sociales y la actualidad informativa de España e, incluso, de parte del extranjero por el paralelismo con la clausura de la televisión de Grecia.

Con la luz del día, el emperador se quedó desnudo: las imágenes de las idas y venidas de la Policía entrando, en pleno siglo XXI, en una televisión pública se repitieron una y otra vez en todas las cadenas con duras críticas a la gestión del cierre que está realizado la Generalitat; Alberto Fabra se marchó abucheado de Ibi, localidad a la que se había desplazado el pleno del Gobierno para esquivar las protestas frente al Palau y en la que volvió a justificar la liquidación de RTVV: «No había otro remedio. Es la decisión más difícil que he tomado», dijo; el PP optó por suspender su agenda de norte a sur de la Comunidad ante la espiral de tensión; periodistas de todos los medios, en una situación inédita, plantaron durante su habitual comparecencia semanal al vicepresidente José Císcar, que se quedó sólo con la cámara institucional de la Generalitat y que, además, tuvo que salir escoltado por una treintena de Policías de la sedes del Consell en Alicante.

A Císcar le esperaban en la calle periodistas con papel y bolígrafo, miembros de la oposición y afectados por el cierre de Canal 9, que habían seguido el fundido a negro a través de una pequeña pantalla de móvil. Una trabajadora de la cadena en Alicante narraba «a viva voz» el apagón de una parte de la historia del autogobierno valenciano mientras que desde el plató principal de Canal 9, en los segundos previos al cierre, sólo se escuchaba un grito: «Açò és un colp d´Estat!».

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