Los gastos financieros no sólo están lastrando la gestión diaria de la Generalitat Valenciana. Los ayuntamientos de la provincia también están sufriendo ahora en sus propias carnes el pago millonario de intereses a las entidades financieras. Cuando llegó la crisis en el último trimestre de 2007, las corporaciones locales se toparon de bruces con una realidad hasta entonces desconocida. Habían conformado todo un catálogo de servicios al albor del boom del ladrillo, habían reforzado las plantillas municipales y se habían endeudado para acometer inversiones. Y eso, que los ingresos fluían gracias al hoy añorado Impuesto sobre Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO). Pero cuando las turbulencias económicas comenzaron a golpear la economía del país, la recaudación municipal cayó y muchos alcaldes se vieron impotentes para cubrir los gastos diarios de sus respectivas corporaciones. ¿Qué hicieron entonces? Tocar con fuerza la puerta de los bancos y las cajas.
Hoy, seis años después de que empezaran a sentirse los primeros síntomas de la crisis, esa deuda está obligando a la mayoría de los consistorios alicantinos a aumentar la partida de gastos financieros en sus presupuestos. De acuerdo con los datos que acaba de hacer públicos el Ministerio de Hacienda, los 141 ayuntamientos alicantinos y la Diputación Provincial destinaron el pasado año un total de 52,3 millones para hacer frente al abono de intereses. La media diaria de pago alcanza ya los 143.552 euros.
La tabla anexa refleja la cantidad exacta que pagaron las entidades locales el pasado año por ese concepto, una vez liquidados sus respectivos presupuestos. La Diputación lidera el ranking. La institución dirigida por Luisa Pastor reservó un total de 9,02 millones para el capítulo 3 del apartado de gastos de sus cuentas. Esa cifra es 1,5 millones superior a la que se contabilizó en 2008 -primer año completo de la crisis- y obedece a la prioridad que está dando el Palacio Provincial a la amortización de deuda.
La política económica que está impulsando el departamento de César Augusto Asencio ha propiciado, entre otros aspectos, que la Diputación haya culminado con éxito su plan económico-financiero un año antes de lo previsto. La institución se vio obligada a adoptar esta medida en octubre de 2010 después de concertar cuatro operaciones de crédito unos meses antes. Desde que Luisa Pastor accedió a la Presidencia de la Diputación, su consigna fue clara: reducir los gastos superfluos y amortizar deuda. Un dato muestra a las claras esa política. El Palacio Provincial cerrará este año con un endeudamiento de 84,1 millones, mientras que en 2016 está previsto reducir esa cifra en un 50 % hasta dejarla en 42 millones.
La segunda entidad local que más dinero destina al pago de intereses es la capital. Alicante abonó el pasado año 6,2 millones en gastos financieros, de acuerdo con los datos recabados por el Ministerio de Hacienda. Además, tal y como consta en los marcos presupuestarios que la ciudad ha remitido al Gobierno central, en 2014 ese guarismo crecerá hasta rozar los 7 millones. En 2008, primer año completo de crisis, el Ayuntamiento abonó 5,8 millones.
Elche cierra el podio con el pago de 4,5 millones de gastos financieros en 2012. Al inicio de la recesión, el Consistorio, dirigido entonces por el socialista Alejandro Soler, reservó 6,8 millones a ese apartado, 2,3 más que ahora.
