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Normativa urbanística

El Consell entierra la VPO al eximir a los municipios de la obligación de reservar suelo

Los ayuntamientos, libres de planificar parcelas protegidas durante 4 años, tras una enmienda a la ley

La Generalitat ha decidido dar el hachazo definitivo a la promoción de viviendas protegidas y a partir de enero, y durante 4 años, eximirá a los ayuntamientos de planificar parcelas para VPO en sus desarrollos urbanísticos, siempre que justifiquen que el porcentaje de pisos sin vender supera el 15% de total previsto en el planeamiento, algo que se cumple en el 90% de los municipios donde se construye este tipo de viviendas en la Comunidad Valenciana.

La medida ha sido impulsada por una iniciativa del PP en forma de enmienda a la Ley Urbanística Valenciana, que se incluirá en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos que entrará en vigor el próximo 1 de enero. La medida llega como consecuencia del nuevo planteamiento del Consell, que apuesta por la rehabilitación sobre la construcción de obra nueva. Lo cierto es que la decisión de Urbanismo castiga más a los futuros demandantes de un piso protegido que a los propios promotores, que hace tiempo dejaron de ver negocio en un producto al que los ajustes -retirada sistemática de las ayudas- han desactivado completamente, pese a que fuera un producto refugio en las crisis. Hoy, decenas de VPO siguen sin salida por la falta de demanda y, hasta ahora, bloqueo del crédito por la entidades financieras. La penúltima puntilla la dio, involuntariamente, el Tribunal Superior de Justicia, al anular el Plan Rabasa por diferentes ilegalidades. Un proyecto que planteaba construir en varias fases hasta 13.000 pisos protegidos.

La actual ley estatal del suelo, que data de 2008, estableció una reserva obligatoria del 30% del suelo para VPO en los nuevos desarrollos urbanísticos excepto en los municipios de menos de 10.000 habitantes con actuaciones residenciales de menos de 100 viviendas. El Consell, para evitar que este porcentaje se aplicara de forma automática a los municipios aprobó en junio de 2008 un decreto ley por la que limitó la obligación a las ciudades con más de 50.000 habitantes, con lo que sólo entró en vigor en 13 municipios. En la provincia fueron Alicante, Elche, Orihuela, Torrevieja, Benidorm, Alcoy y Elda. El resto se rigen por porcentajes que van del 40% al 10%. A partir de enero barra libre para los proyectos que no estén aprobados definitivamente, o las reparcelaciones aún en tramitación.

El primer golpe para la defunción de la VPO lo dio hace unos meses el Gobierno central, que aprovechando la reforma de la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas suprimió las ayudas que concedía a los propietarios para el pago de la cuota del préstamo hipotecario. Un recorte que atrapó a 20.234 familias en Alicante, un 11% del total de España, el más alto, ya que la provincia es, junto a Valencia, la que compraba más pisos de protección oficial.

La eliminación de las subvenciones a la subsidiación del crédito hipotecario -entre 90 y 200 euros mensuales- era la única ayuda que se había salvado de los sucesivos tajos dados por Fomento y el Consell a la adquisición de la VPO, un producto inmobiliario clave en tiempos de crisis y al que, no obstante, también se llevó por delante el «tsunami» posterior a la explosión de la burbuja inmobiliaria.

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