Facturas de la crisis. La Conselleria de Infraestructuras se encuentra completamente desbordada de cara a ejecutar el ambicioso plan de alquiler social que puso en marcha en diciembre de 2012 para ayudar a las familias que habían sido desahuciadas de su vivienda por el impago de la hipoteca, o que estaban en situación límite por la falta de ingresos.
A punto de cumplirse un año de la puesta en marcha del programa y después de haber entregado ya 233 pisos correspondientes al parque inmueble del Consell, los técnicos se encuentran desbordados por las peticiones que llegan día tras día a través de los ayuntamientos, hasta el punto de que, en estos momentos, 5.588 familias alicantinas están pendientes de que les entreguen un piso de alquiler, cuando sólo existen en oferta y para toda la Comunidad Valenciana un total de 625 viviendas.
A los cerca de seis mil alicantinos necesitados de un piso con renta baja se suman los 4.986 valencianos y los 734 castellonenses que han solicitado un piso. En total, 11.308 familias para 625 viviendas. Una situación límite que supera los buenos propósitos de una Generalitat, que ha entregado pisos en 37 municipios, cifra insuficiente a todas luces dada la avalancha de solicitudes.
Aproximadamente, el 30% de los pisos habilitados para el alquiler han ido a parar a personas víctimas de un desahucio. En total, de las 233 viviendas entregadas, en 66 viven inquilinos que perdieron su propiedad al no poder pagar la hipoteca y se encontraban prácticamente en situación de desamparo.
El Consell tiene firmados convenios con 14 municipios: Castellón, Monóvar, Sagunto, Paterna, Alcoy, Vall dUixó, Burriana, El Campello, Carcaixent, Sax, Bétera, Chiva, Requena y Manises. Además, otros 60 ayuntamientos están interesados en este plan. La Generalitat dispone de un total de 625 viviendas de promoción pública. De ellas, 233 están entregadas y otras 68 está previsto que puedan recibir en breve a sus nuevos inquilinos. Además, durante 2014 se tendrán que rehabilitar otras 219 viviendas y se está valorando la intervención de otras 105 para su posterior reforma.
Al margen de este plan extraordinario, el Consell maneja otra bolsa de 300 viviendas cedidas por Bankia dirigidas a la entrega en alquiler por un máximo de 200 euros al mes. Estos pisos, cuya titularidad conserva el banco, se han incorporado al parque público de la Generalitat. Son gestionadas por la Red Alquila, quien realiza las labores de mediación. Bankia bonifica hasta un 50% el alquiler durante los primeros cinco años de contrato, y tres si cambia la legislación. Según la entidad, la bonificación llega a la mitad de la renta del inquilino durante el primer y el segundo año de alquiler, mientras el tercer año se situará en el 40% el cuarto en el 30% y el último, en el 20%. Además, el banco tiene que adecuar las viviendas para que cumplan con los criterios de habitabilidad antes de la entrada de los inquilinos, algo que está frenando la agilidad de las entregas. Las condiciones para acceder a este arrendamiento son haber perdido la vivienda habitual como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria, estar en proceso de reclamación judicial, o en riesgo de exclusión social.
