La crisis se ha llevado por delante algunos derechos que la ciudadanía tenía consolidados dentro de un estado del bienestar en retroceso.

Con el argumento de recortar la factura en medicamentos, los jubilados de este país por vez primera tienen que pagar por sus medicinas. El copago farmacéutico, denostado por políticos de todos los colores hasta hace pocos años, parece ser ahora la única fórmula válida para recortar el gasto. Desde julio de 2012, los pensionistas pagan un 10% de todas las medicinas que consumen y a la población trabajadora se le aumentó la aportación, desde el 40% al 50%.

No es el único copago al que tendrán que hacer frente los pacientes, ya que Sanidad obligará a pagar una parte de los medicamentos que se adquieran en la farmacia de los hospitales, así como de las ambulancias. En los últimos años también se ha incrementado la aportación que los enfermos hacen a la hora de adquirir productos de ortopedia, como corsés o sillas de ruedas, y además ahora tienen que adelantar la cuantía total de estos artículos y esperar más de un año que Sanidad les reembolse la diferencia.

No es la única vía con la que Sanidad ha querido poner la lupa en la factura farmacéutica. También por vez primera los médicos han visto cómo aumenta el control sobre lo que recetan, perdiendo, según denuncian, la libertad de prescripción de la que gozaban hasta ahora. Programas informáticos que dicen qué medicamento recetar y comités en los hospitales que aprueban o rechazan tratamientos de elevado coste son algunas de las medidas que la sanidad valenciana ha estrenado en los últimos años y que está causando retrasos en la administración de fármacos en enfermedades tan graves como el cáncer.

Pero la crisis no sólo ha tocado en estos años el bolsillo de los usuarios, los hospitales también están pagando las consecuencias de los recortes. Más de 200 camas han sido cerradas en los hospitales públicos de toda la provincia bajo el argumento de que no son necesarias y de que es preciso ahorrar. En paralelo, las plantillas de médicos han ido decreciendo con puestos que se amortizan tras las jubilaciones y sustituciones sin cubrir. El Consejo Económico y Social de la Comunidad Valenciana lo cifra en casi un millar en tan solo un año.

Los habitantes de la Comunidad también han visto congelar la inversión en infraestructuras sanitarias y de la treintena de centros de salud previstos antes de la crisis, apenas hay dinero para dos.

Menos inversión, menos camas y menos médicos. El resultado es que en el último año la lista de espera se ha disparado en la Comunidad Valenciana hasta los 127 días en casos como el del Hospital General de Alicante. Una situación que en los últimos meses Sanidad está tratando de compensar recuperando el Plan de Choque para que las clínicas privadas operen a pacientes de la pública.

Pero sin duda, el recorte mayor en derechos ha sido para los ciudadanos extranjeros que carecen de papeles y que desde el año pasado no pueden recibir asistencia sanitaria gratuita en hospitales y centros de salud. Cerca de 60.000 personas en la provincia se han visto afectadas por esta medida.

Desde hace cinco años, las familias se están llevando la peor suerte de una crisis que les está dejando en los huesos. La pérdida de empleo -140.000 trabajadores menos desde 2008- y el agotamiento de las prestaciones económicas, están llevando a una situación de emergencia social nunca antes vivida por las principales entidades de ayuda a desfavorecidos. Este año se calcula que las tres organizaciones más importantes -Cruz Roja, El Banco de Alimentos y Cáritas- alcanzarán la cifra récord de 238.000 personas a las que ayudan con comida y productos de primera necesidad. Y puede ser la punta del iceberg, ya que Cruz Roja ha alertado de que miles no piden ayuda por vergüenza. La entidad hizo este año por vez primera un llamamiento para atender de forma urgente a población española.

El agotamiento empieza a llegar a estas entidades y Cáritas reclama que la Administración cumpla con su papel de atender estas situaciones mientras se agrava mes tras mes. Ya se ha lanzado la voz de alarma sobre los primeros casos de desnutrición entre ancianos y niños en la provincia.

El Consell ha pasado en tan solo cinco años de ayudar a pagar en hasta un 25% el coste del uniforme escolar, a eliminar por completo las becas para comprar los libros de texto que se habían generalizado desde Primaria hasta Secundaria. Y de favorecer currículos para la enseñanza de los alumnos con más dificultades, desdoblando los grupos de estudiantes, a que la preocupación docente se centre en la salud del escolar porque los hay que llegan al centro sin desayunar siquiera.

Los expertos psicopedagogos siempre han advertido de que las aulas reproducen la situación social de las familias. Que los alumnos entran a los colegios e institutos con sus circunstancias personales. De ahí que las aulas estén reproduciendo el vivo reflejo de la dura situación social actual, hasta el punto de que los hay que dependen de la beca escolar para comer.

Pero las subvenciones educativas para paliar estas situaciones han ido a menos de forma drástica en más de un 30%. Se han recortado en solo tres años 20 millones de euros para comprar libros, hasta dejar ese presupuesto a cero este año; también el de comedores ha sufrido un tijeretazo de 8 millones, lo que ha provocado que entidades como Cruz Roja y Cáritas, a través de las parroquias de barrio, colaboren con los directores de colegios e institutos para completar las becas de los más perjudicados. ¿Cuánto hacía que no se veía a un niño desnutrido en las aulas?

Los perversos efectos de la crisis están retrotrayendo las aulas a situaciones de hace más de 40 años, tal y como constatan los propios docentes que vivieron aquella época. A la cuestión meramente económica familiar se suman otros extremos perniciosos: «Volvemos a tener los cuarenta alumnos por aula pero con la diferencia de que los niveles de interculturalidad y diversidad de los estudiantes no permiten avanzar sin profesorado de apoyo», declaran los docentes.

Y ahí damos en hueso duro: el recorte de las plantillas docentes se ha llevado por delante, en primer lugar, a los que permitían la atención más personalizada para los alumnos con mayores dificultades. Un informe elaborado por la federación de enseñanza FETE-UGT concreta una pérdida de 2.200 puestos docentes -700 de ellos en la provincia de Alicante- desde que empezaron los recortes el curso 2009-2010. Son datos oficiales a partir de la estadística del Ministerio de Educación, que el citado sindicato completa con la pérdida de puestos de interinos, otros 3.756 en la Comunidad hasta 2011 según la Sindicatura de Cuentas y un millar más reconocido por la Conselleria de Educación este mismo curso: «Es muy duro pero necesario», llegó a declarar la consellera, María José Catalá. A la provincia le han supuesto más de 2.000 profesores menos.

Un 15% más de alumnos por clase y menos profesores, pero cada uno de ellos con más horas de trabajo y grupos de alumnos a los que atender, «sin duda afecta a la calidad de la enseñanza, por más que insistan en negarlo desde el Consell», aseguran los docentes.

La bancada socialista en Las Cortes apunta que en los últimos tres cursos se han eliminado del presupuesto de Educación la friolera de 1.100 millones de euros.

Copago educativo

Y es sobre los padres de alumnos sobre quienes recae el coste de la educación, con fórmulas equiparables al copago. Las familias se han resignado. La educación ya no puede ser gratuita y no se sabe por cuanto tiempo más, de modo que se ha disparado la solidaridad: el intercambio de libros ya es una fórmula generalizada en los centros, y hay incluso colegios que empiezan a eliminar los textos cambiando el modo de enseñanza para adaptarse a las dificultades económicas de sus alumnos sin que repercuta en el aprendizaje. Por no hablar de que incluso en los centros concertados aportan fondos para los pagos de funcionamiento. La titular de Educación llegó a decir al respecto hace casi dos años que los padres pagan para mantener los centros «porque quieren».

Mientras tanto colegios e institutos han pasado de sufrir situaciones límite y apagones por impagos, porque no llega el dinero del Consell para los gastos básicos, a «renunciar directamente a cualquier gasto que no sea de luz y agua», como precisan resignados.

En las universidades la subida de las tasas en cerca del 20% los últimos años ha provocado también que los rectorados salgan al rescate de los estudiantes más desfavorecidos para que no abandonen la carrera, mientras paralizan las inversiones para aguantar el tirón destinando todos los fondos a pagar las nóminas, y limitando la investigación a las convocatorias europeas y a la inversión empresarial que es la que mantiene los proyectos de mayor nivel.