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Gobierno central

Montoro aplaza el rescate del Ayuntamiento de Alicante y le exige más datos

La Concejalía de Hacienda tendrá que enviar más documentación antes del martes para poder optar al crédito de 27 millones - Juan Seva asegura que los reparos obedecen a «aspectos técnicos» y que «no se piden más ajustes»

El concejal de Hacienda, Juan Seva, defiende la decisión de acogerse al rescate del Gobierno en el pleno de septiembre. isabel ramón

El Ministerio de Hacienda deja en el aire el rescate de 27 millones de euros solicitado por el Ayuntamiento de Alicante y le reclama más documentación acerca del plan de ajuste remitido por el equipo de gobierno a finales de septiembre en el que se detallan los recortes en servicios y subidas de tasas e impuestos para los próximos años. El Ayuntamiento dispone de plazo hasta el martes para completar la información que le reclama el Gobierno. Será a partir de entonces cuando el ministro Cristóbal Montoro decida si concede o no el rescate para que la hacienda local pueda sanear sus cuentas y saldar su voluminosa deuda con los proveedores.

De esta forma, mientras que otros ayuntamientos españoles que decidieron acogerse al rescate del Gobierno ya han recibido el visto bueno del ministerio, el de Alicante tendrá que esperar para recibir una respuesta. El concejal de Hacienda, Juan Seva, confirmó ayer a este diario que disponen de plazo hasta el próximo martes para ampliar la información que les pide el ministerio y que los técnicos municipales trabajan en ello. Aunque el edil no concretó qué documentación se reclama, sí descartó que las exigencias del ministerio contemplen la inclusión de más ajustes.

«No nos piden medidas adicionales», se reafirmó el edil, quien indicó que se trata de «cuestiones técnicas». El concejal incidió en que «no nos dicen que no nos lo aprueben, sino que nos piden una ampliación de los datos».

El equipo de gobierno local apuró los plazos y fue a finales de septiembre cuando acordó pedir al ministerio un rescate por valor de 27 millones de euros. Como una de las condiciones, el Ayuntamiento de Alicante tuvo que remitir a Madrid un nuevo plan de ajuste con medidas para incrementar sus ingresos y reducir sus gastos. Con este documento la administración local se compromete a sanear sus cuentas y poder devolver el crédito.

Sin embargo, el Gobierno considera que la documentación que se le remitió está incompleta y pide al área municipal de Hacienda más información antes de validar el plan de ajuste y concederle el rescate de 27 millones.

Tal y como ya ha informado este diario, en ese plan de ajuste el equipo de gobierno del PP concreta el recorte de gastos y el incremento de ingresos con el que el Ayuntamiento prevé pasar de un déficit de dos millones de euros en 2013 a un superávit de 41 millones en el año 2023.

Recortes y subidas de tasas

Entre las medidas, la administración local se compromete a asestar un «tijeretazo» de casi diez millones de euros en los gastos de personal y servicios de cara al próximo año. La reducción en gastos se acompaña de una drástica subida de tasas e impuestos hasta reportar unos ingresos extra de 20 millones de euros al Ayuntamiento en un plazo de diez años.

El aumento de los ingresos se ceba en el bolsillo de los ciudadanos, con un aumento de las tasas e impuestos municipales. Tanto es así que el año que viene el equipo de gobierno prevé recaudar 2,3 millones de euros más por estos conceptos en su plan de ajuste. Y no sólo eso. Según el documento, en el año 2023 la recaudación por tasas, precios públicos e impuestos se incrementaría en más de 20 millones de euros con respecto a ahora.

Detrás de este aumento de la recaudación tributaria se encuentra la medida de prorrogar la subida del 10% en el mayor impuesto municipal (el IBI), que en 2014 debería haber vuelto a los niveles de hace dos años. El decreto del Gobierno, en el que se establecen los requisitos para acceder al rescate, recoge además que durante el tiempo de aplicación de las medidas de ajuste -hasta 2022- la recaudación por el IBI no se debe reducir, lo que necesariamente obliga a mantener el recargo del 10%.

El resto de tributos, como el de Vehículos, se incrementaría en un 3% a partir del próximo año y se eliminarían algunas bonificaciones. Más drástica es la subida que se plante en el capítulo correspondiente a tasas y precios públicos -en el que se encuentran la de basura, de la grúa o vados, entre otras- y cuya recaudación amentará en 1,5 millones el próximo año. Para el 2016, cuando el Gobierno exige que estas tasas sufraguen el 100% de los servicios públicos, la recaudación aumentaría ya en casi 11 millones de euros. Unos incrementos que, sin duda alguna, se dejarán notar en el bolsillo de los alicantinos.

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