Todas las previsiones de ingresos, así como la forma en que el equipo de gobierno local concrete los recortes deberá reflejarse en el presupuesto municipal de 2014 si se aprueba el rescate. Unas cuentas que, en la práctica, quedarían intervenidas por el Gobierno, dado que tendrían que remitirse al Ministerio de Hacienda para someterlas a un informe «previo y vinculante». Del mismo modo, el Ayuntamiento se compromete a aceptar «aquellas otras condiciones» que el ministro Cristóbal Montoro considere necesarias para el saneamiento financiero municipal.
Algunas de esas condiciones ya han comenzado a adoptarse con independencia de la concesión o no del rescate, como la obligación municipal de acogerse al proceso de amnistía catastral para hacer aflorar todos los inmuebles cuyos propietarios no tributan por ellos o lo hacen de forma irregular. El Ayuntamiento ya ha pedido al Ministerio de Hacienda poder acogerse a esta medida, con la que los infractores podrán regularizar la situación de los inmuebles con el pago único de una tasa de 60 euros que les eximirá de la sanción tributaria.
Pero son los recortes en el gasto y, sobre todo, las subidas de tasas e impuestos lo que más preocupa a los ciudadanos y las principales contrapartidas del rescate solicitado al Gobierno. Esos fueron los argumentos esgrimidos por los grupos de la oposición para oponerse en bloque a la petición del rescate. Pese a ello, el PP decidió hacerlo haciendo uso de su mayoría absoluta.
