La Conselleria de Infraestructuras sigue sin despejar la incertidumbre sobre el futuro del transporte público en Alicante y su comarca. Desde el Ayuntamiento de la capital han dejado de asumir la parte que, consideran, debe aportar el Consell para sufragar este servicio: un 35%. Sin embargo, la administración autonómica se limita a asegurar que tiene intención de pagar a final de año, pero no garantiza que pueda llegar a ese porcentaje.

El concejal de Tráfico y Transportes de Alicante, Juan Seva, entiende que a lo largo de 2013 deben mantenerse las condiciones pactadas en convenios anteriores por lo que, según afirma, los costes que genera el sistema TAM en el que se incluyen los autobuses urbanos (rojos) e interurbanos (azules) y está en torno a los 16 millones de euros anuales deben repartirse. En concreto, el Ayuntamiento asumiría un 65% y el restante 35% estaría a cargo del Consell. Este pacto ya se incumplió en 2012, cuando las arcas autonómicas apenas aportaron 250.000 euros, lo que obligó a las arcas municipales a hacer frente a todo el coste. Ahora, el Consistorio alicantino se ha plantado y no está dispuesto a asumir más de lo que le corresponde.

Así, aunque en el primer semestre del año el Ayuntamiento pagó el 100% del servicio TAM -7,6 millones de euros- considera que puso 2,6 millones de más, un dinero que le correspondería al Consell. El Ayuntamiento cree que de agosto en adelante tanto su parte como la del Consell deben pagarse con dinero de las arcas autonómicas, dado que las locales ya pagaron más de lo que le correspondía en el primer semestre.

La pelota está ahora en el tejado de la Conselleria de Infraestructuras, que sigue sin despejar dudas. Se escuda en que para 2013 no hay convenio alguno vigente y que no será hasta final de año cuando se firme. Aunque aseguran que hay voluntad de aportar dinero para la supervivencia de este servicio, no garantizan que la cantidad a aportar alcance el 35% del coste del servicio. Únicamente apuntan que se está trabajando para que la cantidad sea superior a la de 2012, cuando apenas aportaron 250.000 euros.

Además, hay discrepancias en el modo de ver los convenios anteriores. Mientras el Ayuntamiento sostiene que la división de los costes -65% municipal y 35% autonómica- era sobre el conjunto del sistema TAM (se incluyen los autobuses urbanos e interurbanos), la Conselleria de Infraestructuras se desentiende por completo del servicio urbano (los autobuses rojos).

En cualquier caso, el Ayuntamiento considera que con el importe que le correspondería a él (el 65%) queda cubierto el servicio de autobuses urbanos e interurbanos en todo su término municipal y a sus habitantes, pero no así en el resto de la comarca, que es el que está en mayor riesgo. Al respecto, el concejal Seva sostiene que las arcas municipales no disponen de fondos para seguir asumiendo la parte del Consell con la que se sufragaría el servicio comarcal.

La empresa concesionaria se muestra cauta al asegurar que el servicio sigue prestándose con la misma calidad y sin cambios.

Los grupos de la oposición del PSOE y EU, por su parte, exigen garantías para la permanencia del servicio. El portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, cree que es el momento de rescatar el servicio interurbano para que su gestión sea pública y se genere un ahorro.