El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a la Universidad de Alicante por su «conducta pasiva» ante el ciberacoso que, desde hace tres años, viene sufriendo una profesora del Campus y sus dos hijas menores de edad a través de correos electrónicos dirigidos por el presunto acosador -familiar de las víctimas- a numerosos docentes. La afectada denunció que, a través de los correos corporativos, el presunto agresor enviaba mensajes vejatorios de carácter sexual contra ella y sus hijas menores. Ante esta situación pidió amparo a la Universidad en reiteradas ocasiones sin obtener la respuesta esperada.
Aunque desde la institución esgrimieron haber realizado «todo lo jurídica y técnicamente posible» para no vulnerar el derecho de las comunicaciones y de información, desde el Tribunal Superior de Justicia rechazan el argumento. Así, el tribunal respalda la tesis de la profesora y reprocha a la Universidad la falta de medidas para filtrar los correos electrónicos y bloquear las páginas web con contenidos denigrantes hacia la docente y sus hijas.
De esta forma, los magistrados establecen que «la Universidad de Alicante ha transgredido, con esta falta de actuación, los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen» de la profesora y sus hijas. Del mismo modo, el fallo recoge que se ha producido una vulneración de la Constitución que «pivota sobre la conducta pasiva de la Universidad de Alicante, quien disponiendo de medios técnicos (informáticos) para hacerlo, no puso en práctica las medidas que habrían excluido o limitado en gran forma» la continuidad del daño.
Por todo ello, en la sentencia se obliga a la Universidad a adoptar medidas en un plazo máximo de dos meses para filtrar los correos electrónicos vejatorios dirigidos a los dominios de UA y bloquear las webs en las que se atenta contra los derechos de la docente.
Desde la Universidad no han aclarado si recurrirán el fallo del TSJ que le obliga a establecer medidas contra el ciberacoso. Según ha podido saber este diario, de forma paralela a este proceso administrativo contra la UA, la profesora ha interpuesto varias denuncias contra su presunto agresor, que no es accesible a la justicia española por encontrarse fuera de la Unión Europea.
