El acuerdo alcanzado entre los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura con el ministerio de Medio Ambiente apacigua la disputa por el agua del Tajo en un momento de abundancia, pero deja sin resolver los problemas a los que tendrán que enfrentarse los regantes del Segura en épocas de sequía. El Memorándum del Tajo que el PP ha incorporado como una enmienda a la Ley de Evaluación Ambiental que mantiene en 600 hectómetros cúbicos las aportaciones anuales al Segura, pero eleva de 240 a 400 hectómetros cúbicos las reservas mínimas que deben almacenar los embalses de Entrepeñas y Buendía para que se pueda trasvasar agua al Segura. El histórico pacto que se cerraba esta semana, aboca a los regantes a tirar del talonario para comprar agua a otras cuencas cuando vean peligrar sus cosechas, pero esté asomando la línea roja y no sea posible conseguir caudales del Trasvase.
Pese a mantenerse los 600 hectómetros que contemplaba la ley de 1981, la pregunta que se hacen ahora los usuarios del Acueducto es qué ocurrirá cuando las cosechas de la provincia de Alicante y de Murcia estén en peligro por falta de riego, aunque en la cabecera del Tajo haya 400 hectómetros cúbicos disponibles que no pueden ser trasvasados al Segura.
Tras el acuerdo, calificado de histórico por todos los firmantes, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase, José Manuel Claver, mostraba su esperanza en que ningún Gobierno dejaría perderse una producción que aporta 2.400 millones de euros al PIB nacional y 100.000 empleos directos, además de los puestos de trabajo que genera el campo en los demás sectores vinculados al campo. En estos momentos, Entrepeñas y Buendía embalsan 720 hectómetros cúbicos, un volumen que deja margen de tranquilidad de cara al otoño, pero que está muy por encima de las cifras que se han alcanzado en las últimas décadas al acabar el verano. El documento establece las posibilidades de desembalse que existen en cuatro niveles, que oscilan entre los 400 y los 1.500 hectómetros cúbicos, precisando el volumen que podrá desembalsar en cada caso, sin margen de discusión política.
Claver recordaba la decisión adoptada por Felipe González en 1995, cuando aprobó un riego de socorro para el Segura que, en contrapartida, abrió la puerta al trasvase al Guadiana, consolidado ahora definitivamente en el Memorándum, con una asignación anual de 50 hectómetros cúbicos. Sin embargo, dejó entrever que la herramienta más poderosa del Memorándum es la apertura de los bancos de agua y la alternativa de que el Sindicato de Regantes pueda comprar caudales a las comunidades de las cuencas conectadas al Acueducto: Guadiana, Tajo y Júcar. Incluso planteó la posibilidad de que puedan llegar caudales procedentes del Guadalquivir a través del trasvase del Negratín, confiando en que el talonario podrá enmendar lo que no han conseguido resolver las negociaciones políticas.
Por eso, los regantes vuelven a confiar otra vez en que el Plan Hidológico Nacional resuelva el déficit del regadío del Segura y compense las pérdidas que pueda ocasionar la nueva regulación del Tajo que eleva el tablacho a los 400 hectómetros cúbicos, tratando de alejar la eterna zozobra de los años de escasez.
Por otra parte, el documento incorporado como enmienda a la Ley de Evaluación Ambiental establece controles más estrictos para los desembalses. El Gobierno y los regantes se han comprometido a controlar los desagües en los pantanos de la cabecera del Tajo, lo que mitigará el aumento del umbral a partir del cual no se enviará agua del trasvase. Riegos de Levante calcula que un mayor control en la cabecera del río proporcionará un caudal extra en torno a los 130 hectómetros cúbicos al año, que se inyectarán en el trasvase al Segura. Se garantiza además que el regadío dispondrá del 75% de los recursos enviados, mientras que el 25% será para el abastecimiento, evitando así que la distribución entres ambos usos quede a merced de los responsables políticos.
Las desaladoras construidas en la cuenca permitirán mantener el suministro a buena parte de los usuarios, aunque el coste de la desalación acabará cargándose entonces sobre el recibo del agua potable. Desaparece también la amenaza de que el agua desalada acabe deduciéndose de la dotación del Tajo, la denominada «cláusula Narbona».
