Representantes de las asociaciones de usuarios de la sanidad (Avusan), de familiares y enfermos mentales (Asiem) y de las Plataformas por la Ley de Dependencia han denunciado que la Conselleria de Bienestar Social está reduciendo el grado de discapacidad temporal anteriormente otorgado a numerosos solicitantes sin justificación y, en algunos casos, incluso sin revisar personalmente al afectado. Esta bajada en el porcentaje de discapacidad conlleva para los afectados pérdidas de prestaciones y de derechos, ya que, por debajo de un 33% de discapacidad, el afectado pierde sus derechos a cualquier tipo de ayuda.

Estas asociaciones, que han recurrido al Síndic de Greuges, no entienden que a un afectado se le reconozca una discapacidad del 48% en el año 2010 y dos años después «milagrosamente», su discapacidad haya bajado al 15% como le ha ocurrido a un miembro de la Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental quien, por cierto, recurrió y acabó con una discapacidad del 38%. «Deben pensar que el estado de la gente mejora automáticamente porque si no, no se entiende. Se han dado casos de personas cojas o sordas o con problemas graves de visión a las que les han bajado el grado de discapacidad y no sabemos en base a qué», ha indicado Julián Marcelo, representante de Asiem, quien recuerda que los baremos de discapacidad se rigen por una ley de 1999 que no ha cambiado. «Si no nos dan una justificación clara de estas reducciones sólo podemos pensar que evidentemente lo hacen por dinero, pero nos tienen en una situación de incertidumbre y desconocimiento de los criterios por los que se están guiando, si es que hay alguno».

En los mismos términos se expresaba ayer Rafael Muñoz, representante de la Asociación Valenciana de Usuarios de la Sanidad, Avusan, quien ha reiterado que «en las revisiones a la gente que tiene la discapacidad de forma temporal se está bajando el grado de discapacidad de forma alarmante y sin justificación», para añadir que «cuando hemos pedido explicaciones en la Conselleria nos han dicho, desde que no es verdad, a que en otros tiempos se concedieron grados por encima de lo correcto y por eso se bajan ahora, o que las mejoras en los tratamientos han permitido valorar a la baja, pero lo cierto es que lo están bajando de forma arbitraria. No hay unos protocolos serios. En el área de la dependencia hay unas resoluciones estadísticas, pero en discapacidad sólo hay unas informaciones anuales que salen con retraso por lo que no sabemos qué están haciendo, sólo sabemos que revisan a la baja».

Por su parte, Miguel Martorell, desde la Plataforma de la Dependencia que también ha suscrito la petición de información al Síndic, ha señalado que «están impidiendo en muchos casos que las personas con discapacidad disfruten de las prestaciones que les corresponden, desde aparcamientos gratis a no tener que pagar el impuesto de circulación de vehículos adaptados. Por ejemplo hay gente que necesita ayuda de una persona y teniendo un grado de discapacidad del 43% se lo bajan a menos del 33% y así pierde todos sus derechos». Las asociaciones de afectados exigen saber a cuánta gente se le ha bajado el grado de discapacidad y por qué.

Este diario intentó ayer recabar la versión de la Conselleria de Bienestar Social pero no obtuvo respuesta.