El déficit que lastra las arcas municipales y el descontrol en el gasto que mantiene los cajones llenos de facturas sin pagar han abocado al Ayuntamiento de Alicante a una situación límite. Tanto es así, que en las últimas dos semanas el equipo de gobierno local del PP ha ido quemando cartuchos para cubrir esos números rojos, pagar a los proveedores y garantizarse liquidez para primeros de año, el periodo más crítico en la tesorería municipal.
La cesión a Suma del cobro de todos los tributos, la decisión de reducir la aportación para las líneas metropolitanas de autobús, las modificaciones de tasas y subidas de impuestos aprobadas esta semana y los cinco millones para pagar facturas que se han pedido al Gobierno a cuenta de lo que la Generalitat adeuda al Ayuntamiento son medidas que se completan con el rescate de 27 millones de euros solicitado al Ministerio de Hacienda.
Una medida que lleva aparejada grandes contrapartidas para los ciudadanos y que comprometerá la próxima década con ajustes que garanticen la devolución de la voluminosa deuda financiera, que supera los 200 millones de euros teniendo en cuenta los intereses y la inyección de 27 millones. Sólo durante 2014, el Ayuntamiento tendrá que pagar 34 millones de euros en amortizaciones de préstamos e intereses.
La abultada deuda con los bancos limita la capacidad de maniobra en el presupuesto municipal que, a partir de ahora, quedará intervenido y bajo la tutela del Ministerio de Hacienda, que vigilará el cumplimiento de las medidas de ajuste exigidas como contrapartida al rescate.
El año próximo no será fácil. El equipo de gobierno local -con el concejal de Hacienda, Juan Seva y la alcaldesa, Sonia Castedo, a la cabeza- tendrá que aumentar sus ingresos, básicamente con subidas de tasas e impuestos, reducir el coste de personal y servicios en diez millones de euros y limitar sus inversiones a 3,7 millones -antes de la crisis llegaban a destinarse más de 60 millones a esta partida- para pasar de la situación de déficit a un superávit de diez millones en solo un año.
Así se contempla en las medidas del plan de ajuste que Montoro exige al Ayuntamiento para los próximos diez años. Una década en la que los alicantinos seguirán pagando el recargo del 10% en el IBI y en el que la recaudación por tasas e impuestos deberá aumentar en 20 millones de euros. Un incremento al que, en buena parte, contribuirá la obligación de aumentar las tasas y precios públicos para que en 2016 lleguen a cubrir el 100% del coste de los servicios. Eso significa, según el plan de ajuste, que en tres años deberán aumentarse en diez millones de euros.
Un apretón más al corto cinturón de los ciudadanos que podrá acompañarse de otras medidas, dado que el rescate conlleva la aceptación de todas las que pueda llegar a exigir el ministerio para el saneamiento financiero del Ayuntamiento.
Desde el equipo de gobierno local se escudan en que la medida pondrá el contador a cero. Algo que queda por ver teniendo en cuenta que un año y medio después del primer crédito de 48 millones solicitado al Gobierno, los cajones de la hacienda municipal vuelven a estar llenos de facturas sin pagar por valor de casi 30 millones de euros. Una evidencia del incumplimiento de los anteriores planes de ajuste, como también se desprende de los informes de la Intervención.
Por último, el convenio con Suma le reportará al Ayuntamiento liquidez, con anticipos de seis millones mensuales. Pero tampoco será a coste cero. Habrá que pagar un canon anual por la gestión que superará los dos millones de euros, a los que se sumarán los casi dos que ya se le pagan a la entidad tributaria de la Diputación por la gestión de los impagos. Aunque para un Ayuntamiento que está económicamente en la UCI será un balón de oxígeno.
