El equipo de gobierno local del PP con la alcaldesa, Sonia Castedo, a la cabeza hizo valer su mayoría absoluta durante el tenso pleno municipal celebrado ayer para sacar adelante una de las decisiones más trascendentes para la ciudad: acogerse al rescate del Gobierno central. Una medida que, en la práctica, supondrá la intervención de las cuentas municipales y que llevará aparejados drásticos recortes en los servicios y las inversiones, así como una importante subida de las tasas e impuestos municipales. La oposición, en bloque, rechazó la medida, cargando contra la gestión del equipo de gobierno local y pidiendo que tanto el concejal de Hacienda como la regidora asuman responsabilidades por llevar el Ayuntamiento de Alicante a la «quiebra», según calificaron la situación.

El asunto más trascendental del pleno se debatió a puerta cerrada, con la única presencia de los concejales y los medios de comunicación, dado que minutos antes, la alcaldesa ordenó desalojar a todo el público por el murmullo que generaron los auxiliares administrativos que, como viene siendo habitual, levantaron carteles de protesta para exigir una reclasificación laboral. Aunque no era la primera vez que protestaban en el pleno, sí fue la primera en la que la regidora ordenó desalojar la sala, que permaneció vacía durante toda la sesión y que impidió que los sindicalistas de la Junta de Personal pudieran protestar en otro de los puntos del día que se debatió justo después del desalojo: la cesión a Suma del cobro de los impuestos. El PP, que reiteró que no habrá despidos, también hizo uso de la mayoría absoluta para aprobar este traspaso con toda la oposición en contra.

«Ha sido injustificado, innecesario y antidemocrático», le recriminó el portavoz de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón, a la alcaldesa, que le replicó que había dado dos avisos al público y que ella y el representante de izquierdas entendían la democracia «de forma diferente».

La tensión se palpaba en el ambiente y alcanzó su punto álgido con el debate sobre la modificación del plan de ajuste que se enviará al Ministerio de Hacienda para acogerse al rescate y poder pedir un préstamo de 27 millones. Desde UPyD, Fernando Llopis, acusó al PP de haber desoído a los técnicos y a la Sindicatura de Cuentas hasta llevar las arcas municipales a la situación actual y pidió a Castedo que echara mano «del banquillo» para sustituir al concejal de Hacienda, Juan Seva. Una situación que el portavoz del PSOE, Miguel Ull, calificó de «quiebra». Todos ellos coincidieron en que la intervención del Gobierno en las cuentas municipales supondrá una pérdida de la autonomía local. «Dimitan, Castedo y Seva», reclamó Pavón, quien justificó su petición en «la ineptitud para gestionar el dinero de los alicantinos» y, en el caso de la alcaldesa, esgrimió como otro motivo «su imputación en el caso Brugal».

Ausencia de Castedo

Seva comenzó su intervención para defender la postura del equipo de gobierno local de acogerse al rescate sin la presencia de la alcaldesa, que se ausentó durante el tiempo que duró la intervención del edil en el punto más decisivo de todo el pleno. El concejal recordó que junto a la regidora había valorado otras alternativas al rescate Castedo inicialmente se mostraba contraria por las importantes contrapartidas, pero aseguró que se descartaron porque habrían sido más traumáticas para los servicios básicos. «No acogerse al plan de ajuste hubiera sido una irresponsabilidad», defendió Seva en su segunda intervención, para cuando la regidora ya se encontraba en su butaca para votar, junto a su equipo, a favor del plan de recortes y subidas de impuestos.

Las críticas a la situación económica del Ayuntamiento, con alusiones al déficit, a la deuda financiera -de más de 600 euros por alicantino, según EU, al incremento de la presión fiscal sobre los ciudadanos y a los sobrecostes en las contratas eclipsaron el pleno, en el que también salieron adelante el incremento de un 3% en el impuesto de vehículos, así como de una decena de tasas, entre ellas la de la basura. Una tasa que, según la oposición, pasará a duplicarse en los próximos tres años para cumplir con las exigencias del rescate.

Los puntos de acuerdo en el pleno fueron escasos, pero se dieron, por ejemplo, al respaldar la iniciativa de UPyD para exigir al Consell una explicación sobre su decisión de no declarar festivo el Lunes de Hogueras 23 de junio. También para prohibir la instalación de circos que exhiban animales salvajes, como pedía EU.