Elisa Díaz, la hija del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, fue la encargada de defender ayer en las Cortes Valencianas la postura del PP sobre el fallido Plan Rabasa. El grupo parlamentario popular la eligió a ella pese a que su padre se encuentra imputado en el escándalo Brugal y a que fue el principal impulsor político de este macroproyecto urbanístico adjudicado a Enrique Ortiz. Podía haber fijado posición cualquier otro de los cinco diputados del PP asignados a la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo. Pero no. Se decidieron por Elisa Díaz. En su currículum, desde luego, está la clave. Fue directora territorial de Urbanismo en Alicante durante casi un año y medio y cuenta en su haber con un máster de urbanismo y ordenación del territorio.

Sus lazos de consanguinidad con Alperi, sin embargo, planearon sobre la sesión. Elisa Díaz y la diputada de Compromís Mireia Mollá mantuvieron una acalorada discusión a cuenta de un comentario de la parlamentaria de la oposición. En un momento de su intervención, Mollá mentó a Díaz Alperi y Sonia Castedo ambos imputados por el supuesto amaño del plan urbanístico de Alicante y los relacionó con la corrupción. Cuando el turno llegó a Elisa Díaz, ambas se enzarzaron en una batalla dialéctica. «Le pido que retire esas palabras y que no consten en el diario de sesiones», proclamó la diputada del PP visiblemente molesta. Mollá se negó y, según apuntó instantes después, recibió una amenaza de Elisa Díaz cuando el micro estaba cerrado: «Me ha dicho que me atenga a las consecuencias». El popular Andrés Ballester, que presidía la comisión, dio ahí por finiquitada la reunión. Las dos parlamentarias, sin embargo, continuaron discutiendo después.

En la comisión compareció, a petición de Compromís, el secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcáiztegui. Repasó las cuatro sentencias desfavorables del Plan Rabasa, reiteró que la Generalitat «acata y respeta» esos cuatro fallos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad, aunque puso énfasis en que en todos ellos hubo varios votos particulares. El alto cargo del Consell también desvinculó la anulación del macroproyecto urbanístico del resto del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. «Que no se ejecute el Plan Rabasa apenas tiene incidencia para el resto del nuevo planeamiento», sentenció.