El secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcáiztegui, corroboró ayer en las Cortes que la Generalitat no recurrirá las cuatro sentencias del TSJ que tumban el Plan Rabasa. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Alicante tampoco lo hará. «Si el Ayuntamiento, que es el promotor del plan, no lo hace, no tenía sentido que lo hiciéramos nosotros», espetó el alto cargo. El Consell tenía dos posibilidades. Una, recurrir en casación al Tribunal Supremo, y dos, acatar el fallo judicial. El Ejecutivo de Fabra ha optado por la segunda opción. La sentencia, sin embargo, no es todavía firme, dado que Viviendas Sociales del Mediterráneo la empresa participada por Enrique Ortiz sí ha acudido al Alto Tribunal. El Supremo tendrá la última palabra. O casa la sentencia y obliga al TSJ a modificar las suyas, o termina por enterrar el macroproyecto urbanístico. A. F.
