El 31 de julio y casi de puntillas remitió el secretario autonómico de Sanidad, Manuel Escolano, una instrucción interna a los directores gerentes de los centros sanitarios en la que se comunicaba que los inmigrantes irregulares y sin recursos que estuvieran empadronados más de un año podrían tener acceso a la tarjeta sanitaria SIP que perdieron el uno de septiembre de 2012, con la entrada en vigor del Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Esa orden interna a la ha tenido acceso INFORMACIÓN informa que esta bolsa de «sin papeles» y sin medios -que antes tenían una tarjeta específica- podrán acceder a una bonificación del 60% en los medicamentos, por lo que solo tendrán que pagar el 40% del coste. El plazo para darse de alta y pedir la inclusión al sistema sanitario finaliza el 30 de octubre. Con esta iniciativa, denominada «Programa valenciano de protección a la salud», se hacía eco la conselleria de la petición formulada por las 52 organizaciones sociales que integran el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana (Odusalud) para que la administración sanitaria abriera la mano para evitar los casos de vulneración del derecho a la salud que se producen con la aplicación del decreto.
El informe de Odusalud recoge, al menos, 450 casos de exclusión sanitaria de inmigrantes irregulares.
