El Síndic de Greuges, José Cholbi, asegura que los servicios sociales de la Comunidad son «frágiles, inestables y vulnerables» a los vaivenes producidos por la actual situación económica, tras una queja de oficio que ha remitido recientemente a la Conselleria de Bienestar Social, a través de un escrito en el que efectúa una quincena de recomendaciones para mejorar el actual sistema de servicios sociales de la Comunidad Valenciana. De hecho, Cholbi pide que los derechos reconocidos a los ciudadanos sean una «prioridad absoluta» en las políticas públicas de la Generalitat.

En respuesta al «temor» de que en los presupuestos de 2013 se produjera un recorte en la partida destinada a los servicios sociales, el Síndic reclamó información a distintas administraciones, además de mantener reuniones con representantes de trabajadores del sector. Tras el análisis de los datos recogidos, el Síndic señala que la crisis económica en la población de la Comunidad ha producido un aumento exponencial de las situaciones de precariedad y pobreza y, por tanto, de las necesidades de los ciudadanos, por lo que «se requiere de un mayor esfuerzo y desarrollo de las políticas sociales, sanitarias y educativas», según señala el Síndic en el escrito remitido a Bienestar Social. Además, José Cholbi afirma que «los servicios sociales de ámbito local resultan básicos para garantizar la atención integral a través de acciones preventivas, asistenciales y rehabilitadoras, con carácter universal y gratuito». Por todo ello, añade que «cuestionar la sostenibilidad del Estado del Bienestar Social sería tanto como cuestionar los principios constitucionales en los que se apoya».

En un contundente análisis, el Síndic denuncia que los recortes presupuestarios de las diferentes administraciones se producen en un «contexto socio-económico de empobrecimiento general, y en concreto de los más vulnerables». Además, censura la «desigualdad» entre ciudadanos de la Comunidad que se produce en función del lugar de residencia por la «falta de una actuación planificada», que ha dado lugar al desarrollo de distintos modelos.

Cholbi se muestra especialmente crítico con la «vulneración una y otra vez» de los derechos reconocidos a ciudadanos dependientes, discapacitados..., al incumplirse plazos, recortarse cuantías y desaparecer la gratuidad de algunos productos y servicios.

Pero el Síndic no solo critica el actual sistema de servicios sociales de la Comunidad, sino que realiza una quincena de recomendaciones a la Conselleria de Bienestar Social, dirigida por Asunción Sánchez Zaplana, destinataria del crítico análisis del organismo oficial. Entre las sugerencias, priorizar con carácter «absoluto» las políticas públicas del Consell, descentralizar los servicios sociales buscando una mayor cercanía a los ciudadanos, elaborar un plan general que permita la estabilización del sistema, suprimir las subvenciones como forma de financiación y definir el papel de las ONG, a las que censura que soliciten datos de usuario a los servicios públicos, lo que puede vulnerar el derecho a la privacidad.

Para el estudio, el ente público solicitó información a seis ayuntamientos de la provincia Alicante, Elche, Alcoy, Benidorm, Orihuela y Petrer, aunque el Consistorio de la capital no colaboró con los datos requeridos.