­La falta de recursos sanitarios por parte de las comunidades autónomas está impidiendo que reclusos del Psiquiátrico de Fontcalent puedan disfrutar de un régimen menos severo que el de la prisión y regresar a sus provincias de origen, a pesar de que hay autos judiciales que les permiten el cambio. Fuentes del centro penitenciario explicaron a este diario que hay casos, como es la Comunidad de Madrid, en los que se han generado unas listas de espera de hasta tres años ante la incapacidad de los servicios sociales para controlar que el paciente sigue bajo tratamiento una vez que sale en libertad. Sin embargo, el estado en que se encuentran no justifica que se les mantenga en prisión. Tanto la Fiscalía como el Defensor del Pueblo han alertado de cómo se desentienden algunas administraciones de esta población. El problema se debatió también en los cursos de verano de la Universidad de Alicante.

El Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent cuenta con cerca de 375 internos y es uno de los dos que existen en toda España -el otro está en Sevilla- para albergar enfermos mentales a los que se les ha impuesto un internamiento como medida de seguridad tras cometer algún delito. Hay un 35% de los internos que son reincidentes, pero la gran mayoría se trata de enfermos mentales en los que se combinó el dejar de seguir su tratamiento y el consumo de drogas. Tanto desde los Servicios Sociales Penitenciarios como desde la Fiscalía se insiste en que llega un momento en el que la estancia en el Psiquiátrico Penitenciario es todavía más dañina para su reintegración social, a lo que ayuda cada vez menos el que estén alejados de sus familias. Uno de los ejemplos más sangrantes es el de internos procedentes de las islas Canarias a quienes se interna en el Psiquiátrico para cumplir una pena de tres años de prisión.

«Para la Administración es más cómodo tenerlos encerrados durante toda la condena, en lugar de crear una red de centros donde puedan hacer un seguimiento a su estado», explicaron fuentes del ministerio público. Desde la Fiscalía se ha venido insistiendo en sus memorias anuales en la necesidad de ajustar el ingreso en el Psiquiátrico a casos excepcionalmente graves y con medidas de larga duración. En su lugar, se utiliza como una especie de cajón de sastre ante la falta de recursos comunitarios más idóneos desde el punto de vista del tratamiento y de la menor peligrosidad del sujeto. Preocupa en el ministerio público que se incumplan automáticamente y sin ninguna consecuencia resoluciones que han sido adoptadas por un juez.

El Defensor del Pueblo incide en uno de sus últimos informes que se ha hecho algún esfuerzo por parte las administraciones en crear alguno de estos medios. Sin embargo, todavía siguen faltando recursos, ya que en el caso de la Comunidad de Madrid, hay internos que tienen que estar esperando durante tres años para que puedan pasar a depender de sus servicios sociales.

Veinte pacientes en tratamiento ambulatorio

Veinte internos del Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent siguen en la actualidad siguiendo tratamientos ambulatorios. Los expertos apuestan por esta vía como uno de los medios más efectivos para el tratamiento de casos leves. Los juicios rápidos y el endurecimiento de las penas por malos tratos causaron en su día un aumento de los internos en el Psiquiátrico. Es una de las quejas de la Fiscalía, el derivar a un centro penitenciario a personas que solamente necesitan someterse a tratamiento médico. Otro de los problemas causados por esta falta de medios es precisamente el opuesto. La falta de control para los internos que sí son peligrosos y que quedan en libertad una vez que cumplen su pena, sin que se pueda adoptar una medida para tenerlos vigilados.

La futura reforma del Código Penal que prepara el Ministerio de Justicia prevé precisamente la posibilidad de ir alargando la reclusión en función de la peligrosidad, algo de lo que muchos recelan y temen que pueda suponer una merma de los derechos de muchos enfermos mentales. Los expertos se quejan también de la falta de continuidad en el tratamiento de internos que quedan libres y listos para reinsertarse y para quienes la administración no tiene recursos.