Avalancha de críticas ante el polémico decreto del Gobierno valenciano -acordado el pasado viernes- con el que se implanta el copago en los servicios sociales públicos dirigidos a discapacitados y personas mayores que no se encuentran en situación de dependencia en función de su capacidad económica. La norma establece que en caso de que los beneficiarios de dichas prestaciones no cumplieran con los nuevos pagos fijados por la Generalitat, ésta procedería a la extinción de dichos servicios. Las condiciones fijadas en el documento, rubricado por la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, han despertado la indignación y el enfado de los colectivos afectados quienes denunciaron ayer que el documento ha sido aprobado con «agosticidad y alevosía».
Durante los últimos años de crisis económica, unos de los colectivos que más han acusado la falta de liquidez de las arcas autonómicas han sido, precisamente, los discapacitados y las personas mayores. Impagos, recortes de ayudas, copago farmacéutico... muchos son los golpes que han soportado ya dichos colectivos. Por ello, esta medida ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los afectados así como de sus familiares. «Siempre somos los mismos los que pagamos los platos rotos de la Administración», denunció el presidente de la Plataforma por la Ley de Dependencia en Alicante, Miguel Martorell. Igualmente, advirtió de que presentarán una queja formal ante la Conselleria de Bienestar Social por considerar que la norma es «sangrante». «¿Con qué ética nos exigen que paguemos cuando ellos han sido los primeros en adquirir deuda con nosotros?», cuestionó Martorell. Además, la inversión de la Generalitat en estos servicios ha disminuido como efecto rebote de la asfixia económica del Consell.
La noticia ha caído como un jarro de agua fría a los miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), máxime cuando hace tan solo unos semanas -el pasado 19 de julio- mantuvieron un encuentro con el presidente del Consell, Alberto Fabra, así como con los titulares de las carteras de Bienestar Social, Sanidad, Hacienda y Empleo en el que se acordó que, en caso de modificar el modelo de financiación de los servicios sociales dirigidos a mayores o discapacitados, estos serían informados previamente y tendrían un plazo de una semana para presentar alegaciones al respecto y dar su visto bueno. «Fabra ha incumplido su compromiso», censuró el vicepresidente de esta asociación, Alfonso Rodríguez. Por ello, desde CERMI la nueva norma fue tachada como «descabellada e injusta» y calificaron la actuación del Gobierno valenciano como «sorprendente a la par que preocupante».
Las protestas también se extendieron en la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COFEMCE). Desde la fundación alertaron de que con esta nueva medida se pone en jaque la estabilidad de uno de los sectores más débiles de la población y con más riesgo de exclusión social.
El PSPV exige al Consell que rectifique el decreto
El portavoz socialista de Sanidad en las Cortes y responsable del área en la Ejecutiva del PSPV, Ignacio Subías, exigió ayer al PP y al presidente del Consell, Alberto Fabra, que «rectifiquen» el nuevo decreto sobre un el copago a discapacitados. En la misma línea, el representante socialista lamentó que «el peso de los recortes vuelve a recaer sobre los más desfavorecidos» y criticó que la norma es «un nuevo mazazo para discapacitados y dependientes al aplicarles más copagos». Hay que tener en cuenta que esta normativa afecta a todas aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas y que necesitan de las prestaciones públicas para dar una «solución» a sus «discapacidades», apuntó Subías.
