El deterioro de la imagen de la ciudad de Alicante y las críticas, cada vez más abundantes, del incremento de la suciedad en las calles, han obligado al Ayuntamiento a reaccionar de inmediato y el concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, anuncia que el personal de limpieza de la ciudad se incrementa con 25 operarios más, que reforzarán los servicios de limpieza en las calles y plazas de los barrios y de las partidas rurales. Para poder costear este incremento de personal, el edil señala que se tiene que recurrir a parte del dinero de la rebaja de 600.000 euros con la que se adjudicó la nueva contrata a Enrique Ortiz y otras tres empresas.
Las críticas han llovido sobre el Ayuntamiento, especialmente desde colectivos y asociaciones vecinales de distintos barrios de la ciudad que denuncian suciedad y abandono. El propio Andrés Llorens reconoce que «la ciudad no está como nos gustaría», pero añade que «estamos seguros que en pocos días se va a notar una mejora con el refuerzo del personal». El vicealcalde y edil responsable de la limpieza de la ciudad señala que los 25 nuevos operarios serán contratados para el mes de agosto, el de mayor afluencia turística en la ciudad, «porque confiamos en que en septiembre ya esté funcionando la nueva contrata».
Desde la Concejalía de Atención Urbana se indica que la falta de recursos económicos municipales impidió ampliar el personal de la limpieza durante las Hogueras y en este mes de julio, pero explican que tras la decisión municipal de aprobar por urgencia la adjudicación de la contrata de limpieza de la ciudad y recogida de basuras a las empresas Cívica (Enrique Ortiz), FCC, Inusa y Cespa, en una junta de gobierno local extraordinaria del 18 de julio, ya se puede disponer de los 600.000 euros que estas mercantiles ofertaron a la baja con respecto al precio de salida fijado por el Ayuntamiento, y ello a pesar de que la contrata aún no ha entrado en servicio.
Llorens afirma que diez de estos 25 nuevos operarios se van a destinar a la limpieza de los distintos barrios, algunos de los cuales son los que más han sufrido la reducción del servicio durante el mes de julio por el desvío de medios humanos y técnicos para la limpieza de las playas y de las zonas donde se celebran los botellones.
Otra zona que verá incrementado su personal de limpieza es la de la playa de San Juan, donde durante estos dos meses de verano se produce un espectacular incremento de la población. En total, serán cinco barrenderos más que funcionarán como correturnos para limpiar las calles en los fines de semana. Para las partidas rurales, que están en situación crítica en materia de limpieza, Llorens señala que se van a destinar tres operarios para ocuparse de la recogida de basura de lunes a sábado.
Al fenómeno del botellón, que provoca en el entorno de la urbanización del campo de golf de la Condomina imágenes dantescas de suciedad y basura tras su celebración, se van a destinar tres trabajadores, añade el concejal. Este personal también se ocupará de la limpieza de solares y terrenos de uso público.
Finalmente, los tres contratados restantes que completan los 25, se repartirán la limpieza y el repaso diario, al final de la mañana, de ocho importantes plazas distribuidas por distintos barrios del casco urbano de la ciudad de Alicante.
TRAMITACIÓN
La contrata volverá a paralizarse si el PSOE opta por recurrir su adjudicación a Ortiz
A la oposición municipal no le cuadra que al concurso de la contrata del siglo, así llamada por ser con sus 500 millones de euros en los doce años de vigencia, la más cara que ha adjudicado el Ayuntamiento en toda su historia, sólo se presentara una única oferta, integrada por las mismas empresas que han prestado el servicio durante los últimos 12 años. Además, entre ellas se encuentra Cívica, del grupo de Enrique Ortiz, el empresario que acapara las grandes contratas de la ciudad. Que en las actuales circunstancias de crisis económica, que provocan que a las escasísimas licitaciones municipales se presenten numerosas ofertas, a la más elevada sólo acuda una, y precisamente suscrita por las mercantiles que han venido prestando el servicio, provocó la reacción de los grupos de la oposición, que interpretaron esta «espantada» generalizada, por la convicción de todas ellas de que la contrata estaba adjudicada de antemano. Ante esta circunstancia EU ya impugnó la contrata, recibiendo como respuesta un contundente varapalo por parte del Tribunal Central de Recursos Contractuales, organismo del Ministerio de Hacienda, que rechazó sus argumentos y hasta multó a EU tras acusarla de «mala fe» y «argumentos peregrinos». Ahora es el PSOE el que se plantea recurrir la contrata. En caso de hacerlo, en primera instancia será el mismo tribunal el que deberá resolver, lo que supone un precedente poco esperanzador, aunque los argumentos socialistas sean distintos. En cualquier caso, esta circunstancia volverá a paralizar la adjudicación de la contrata alrededor de un mes, como mínimo, plazo que se prolongaría aún más si finalmente el PSOE recurriera a los tribunales de justicia.
