La Asociación de Promotores de Viviendas de la Provincia de Alicante (Provia) reclamó ayer al Gobierno que busque una fórmula que desbloquee la actividad del Sareb (banco malo), la sociedad mixta dependiente del Ministerio de Economía que absorbió los préstamos y activos inmobiliarios que tenían bancos y cajas tras la explosión de la burbuja inmobiliaria. El problema, según trasladó esta semana la junta directiva de Provia a una delegación de diputados populares alicantinos en el Congreso, es que el volumen de trabajo que maneja el Sareb en toda España ha provocado el bloqueo de muchas operaciones en marcha en la provincia, lastrando la posible salida de la crisis del sector inmobiliario.
Los promotores se encuentran ahora, según denunció ayer Jesualdo Ros, secretario general de Provia, con problemas de liquidez porque los bancos cuyos créditos absorbió Sareb no tienen margen de maniobra propio, por lo que muchas certificaciones se quedan sin cobrar, paralizando la propia actividad. «La situación ha mejorado un poco en las últimas semanas, pero sigue siendo un problema», sentenció Ros.
Por otro lado, Provia denunció que el progresivo abandono de la Administración a la promoción y compra de las viviendas de protección oficial ha provocado que en estos momentos exista una bolsa de unas mil VPO nuevas y acabadas que no tienen salida. Los promotores piden al Gobierno que liberalice el mercado y las desclasifique. De esta forma, se abrirá el abanico y podrán acceder a estos pisos potenciales compradores cuyas rentas les impiden hacerlo ahora. Provia exige también que se elimine a obligatoriedad de reservar suelo para VPO en suelos desarrollados.
