La angustia financiera de la Generalitat y el Ministerio de Fomento ha provocado que ambas administraciones acumulen ya en la Comunidad Valenciana una deuda superior a los 200 millones de euros en ayudas a la VPO desde 2009, año a partir del que, prácticamente, no se ha vuelto a realizar ninguna transferencia económica a compradores y promotores, a cargo de las ayudas concedidas. En la provincia, el retraso afecta a unos tres mil compradores que se encuentran atrapados y con deudas con los propios promotores que les vendieron la casa descontándoles el importe de unas subvenciones que ahora no llegan, o con las entidades con las que suscribieron el crédito hipotecario. Ayudas pendientes de cobro -desde 2011 ya ni se conceden- que aprietan aún más la soga de un sector paralizado también por la falta de financiación, que no demanda, según aseguran los promotores.
