La empresa de Enrique Ortiz a la que el Ayuntamiento adjudicó en 2005 el Plan Rabasa, Viviendas Sociales del Mediterráneo (Visomed), ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo las sentencias que anulan el macroproyecto urbanístico. Así lo confirmaron a este diario fuentes de la mercantil, quienes indicaron que, de forma paralela al recurso, están estudiando qué fórmulas seguir para posibilitar la llegada de Ikea. Entre ellas, como ya avanzó este diario, está la posibilidad de comenzar de cero con un plan menos ambicioso que agilice la llegada de la multinacional del mueble a los terrenos junto a la avenida de la Universidad.
Como ha venido publicando este diario, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana asestó un fuerte varapalo al polémico plan urbanístico, anulándolo en dos sentencias en las que, entre otras cuestiones, se aludía al incumplimiento de la Ley de Contratos y a la falta de recursos hídricos. Desde la empresa han estado valorando recurrir las sentencias -el Ayuntamiento de Alicante ha descartado hacerlo- y, finalmente, se han decidido.
Desde la mercantil entienden que el recurrir los fallos ante el Supremo conlleva que los mismos no sean firmes y que, por tanto, el PAI siga activo. No obstante, admiten sus dudas acerca de si podrían continuar con la tramitación, algo que por "cautela" no tienen intención de hacer por el momento.
El recurso ante el Supremo se plantea como una forma de ganar tiempo para estudiar posibles soluciones que permitan la rápida llegada de Ikea a Rabasa -ubicación en la que la multinacional del mueble sigue interesada- sin renunciar, al menos por ahora, al plan que comenzó a tramitarse en el año 2005. Desde la empresa consideran que el no recurrir las sentencias del TSJ, supondría decirle adiós definitivamente al PAI.
Por el momento, estudian diferentes posibilidades para hacer viable la llegada de Ikea a Rabasa en el menor tiempo posible. Entre esas alternativas está, como ya avanzó este diario, comenzar la tramitación de un nuevo PAI, pero menos ambicioso, puesto que desde la mercantil sostienen que la prioridad actual es Ikea y su zona comercial por encima de las más de 13.000 viviendas que se plantean en el Plan Rabasa. Ese trámite requeriría de un nuevo proceso de adjudicación, pero no es el único que se plantea. Entre otras alternativas que se barajan estaría la de promover, como propietarios del suelo, una Declaración de Interés Comunitario (DIC) para Ikea en suelo rústico. Todavía, insisten, no hay nada decidido y muchas opciones sobre la mesa. Una vez seleccionado el camino a seguir, la empresa podría llegar a retirar los recursos planteados ante el Supremo si la vía escogida precisara de la anulación firme del Plan Rabasa para ser viable.
Desde Visomed señalan que la prioridad actual, dada la crisis del ladrillo, es hacer viable la instalación de Ikea mientras que el resto del plan Rabasa original -que contemplaba más de 13.000 viviendas y una superficie cercana a los 4 millones de metros pasa a un segundo plano. Es por ello que su decisión se regirá por acogerse a la solución que permita una implantación más rápida de la multinacional y mayores garantías, para evitar nuevos recursos judiciales.
