Cerca de medio millar de personas convocadas por la Unión Provincial de Asociaciones Pro Minusválidos Psíquicos de Alicante (UPAPSA) se han concentrado este martes frente a la sede de la Generalitat Valenciana en la capital alicantina para reclamar al Consell el pago de la deuda a los centros de atención a personas con discapacidad, así como que no se produzcan más recortes que afecten al sector.

La movilización ha contado con la participación de unas 500 personas, según datos de los organizadores y de la Policía, llegados de toda la provincia, que han protestado frente a la delegación del Ejecutivo valenciano con bocinas, cacerolas y gritos como 'no más recortes', 'queremos nuestro dinero', 'no hay pan para tanto chorizo' o 'ladrones'. También han portado dos féretros para representar el entierro de los centros ocupacionales.

Igualmente, han mostrado diversas pancartas, entre las que se podía leer 'La salud mental es cosa de todos', 'En defensa de la dignidad de las personas con discapacidad', 'Por la continuidad de la atención en la salud mental', 'Somos discapacitados pero no tontos', 'Somos muy capaces, no a los recortes' o 'Los recortes en las Cortes'.

Durante la concentración, varias decenas de personas han cruzado desde el paseo del Doctor Gadea hasta la puerta de la sede de la Generalitat, para lo que han cortado la calle al tráfico durante unos minutos, y han expresado sus proclamas en la puerta del edificio, hasta que los agentes les han solicitado que regresaran a su emplazamiento inicial.

EMPLEO, SANIDAD Y EDUCACIÓN

En declaraciones a los medios de comunicación, la gerente de UPAPSA, Mari Luz Arbolí, ha explicado que la deuda que el Consell mantiene con los centros alicantinos depende de las áreas de Empleo, Sanidad y Educación, si bien ha resaltado que Bienestar Social ha cumplido con sus "promesas" de pago y "no debe nada".

Así, aunque no ha podido concretar el volumen total de los impagos, que en algunos casos se acumulan desde 2010, ha indicado que Educación y Sanidad "no están al día", mientras que el departamento de Empleo adeuda cerca de dos millones de euros. En este sentido, ha incidido en que "la respuesta" que ofrece es que "no hay dinero y que está haciendo lo posible" para pagar.

Por lo que respecta a las consecuencias de esta situación "insostenible", Arbolí ha señalado que hay colectivos en los que sus trabajadores "están empezando a demandar judicialmente, y legítimamente, a las entidades, porque no cobran sus nóminas, lo que supone un montón de dinero de indemnizaciones, que se une a la deuda".

Asimismo, ha alertado de que se han planteado Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y de que otras asociaciones están "abocadas a la desaparición". "No hay créditos, los bancos no dan créditos, no tenemos dinero para aguantar el desfase de tesorería", ha enfatizado.

"NOS VAMOS AL GARETE"

Del mismo modo, la presidenta de UPAPSA, Alicia Fontanillo, ha subrayado que "la Administración ha creado el actual sistema, se ha comprometido a pagar y no lo está haciendo". "No somos nosotros los que hemos decidido cómo funcionar, hacemos lo que ellos han propuesto y no responden. Por eso nos vamos al garete, tenemos que evolucionar, pero no se puede cambiar de un día para otro. No hay futuro", ha recalcado.

No obstante, Fontanillo ha enfatizado que la Unión de Asociaciones es "optimista", aunque ha agregado que alcanzar una solución "va a costar mucho". "Estamos retrocediendo, se habían conseguido muchos logros en los últimos años de cara a insertar a gente, a la integración social, y todo va para atrás", ha apuntado.

A su juicio, el apoyo social se tendrá que "generar de otra manera, de tu a tu, no desde la Administración, no desde papá Estado, que es quien lo organizaba hasta ahora, porque así se había decidido que se hiciera", y ha añadido que los poderes públicos "están fallando a todos, no hay más que oír las noticias todos los días".

"SATISFACCIÓN Y VERGÜENZA"

En la movilización han estado presentes representantes de sindicatos y de partidos como Compromís y PSPV-PSOE, cuyo diputado Federico Buyolo, en declaraciones a Europa Press, ha expresado su "satisfacción por ver cómo los ciudadanos defienden sus derechos", así como su "vergüenza por ver cómo el PP recorta a los que menos tienen, quienes han conseguido un derecho que les permite vivir".

Del mismo modo, la diputada de Compromís en las Corts Valencianes Mireia Mollà ha hecho hincapié en que la protesta demuestra que el sector de la discapacidad "se ha movilizado por justicia, para reclamar sus derechos y el pago de la deuda, porque la situación es insostenible".