La incorrecta aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana generó el año pasado 2.252 quejas al Síndic de Greuges, según explicó ayer Emilia Caballero, primera adjunta en esta institución. Estos datos contrastan con las 948 quejas que se pusieron en 2009 y parece que van en aumento "porque en lo que llevamos de año hemos recibido ya 1.077". Las cifras fueron dadas a conocer en el transcurso de una mesa redonda, celebrada en la Sede de la Universidad de Alicante, sobre la situación actual de la ley.

Para Caballero, la norma en la Comunidad Valenciana "arrastra unos obstáculos desde la base de su aplicación" y que se han visto incrementados "por la interpretación que la Generalitat ha hecho del decreto de 12 de julio de 2011 del Gobierno central".

Los asistentes a esta mesa redonda, en la que había representantes del Colegio de Abogados, de las plataformas de la discapacidad y la dependencia y del sector de las residencias, discutieron sobre los recortes que ha sufrido la norma en los últimos años y que la han dejado en una situación de parálisis casi total en la Comunidad.

Según explicó Miquel Martorell, de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, la norma "está prácticamente desmantelada". El Gobierno central "ha recortado de una manera brutal, hasta en un 20% las aportaciones". La situación en la Comunidad se agrava "porque no hay resoluciones, sólo se atienden las pocas urgencias en algunos centros residenciales". Una situación que, a juicio de Martorell, "está haciendo dejar morir de inanición la dependencia, esperando que vayan falleciendo los dependientes sin invertir, con lo cual la tasa de reposición no se mantiene".