La anulación del Plan Rabasa con las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia rompe las expectativas de crecimiento reflejadas en el futuro Plan General por el peso que tienen en ellas las más de 13.000 viviendas previstas en el proyecto de Enrique Ortiz. Así lo afirman diferentes expertos consultados, quienes consideran que la anulación del polémico plan urbanístico da la puntilla al PGOU en trámite, que también investiga la Justicia por su presunto amaño, y exigen su retirada inmediata para rehacerlo.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Alicante mantiene su intención de seguir adelante con la tramitación del Plan General, pero deberá modificarlo si las sentencias que anulan Rabasa se hacen firmes. De ser así, deberá introducir sus propios criterios sobre cómo desarrollar esos terrenos, tal y como explicaron fuentes especializadas. Entre otras cuestiones, tendría que fijar la cifra de viviendas, las zonas comerciales y dotacionales del sector para adaptarlas a las necesidades de la ciudad. Por el momento, sobre las sentencias cabe recurso ante el Tribunal Supremo, si bien el Ayuntamiento ya ha descartado apelar y desde la empresa adjudicataria del plan así como desde la Generalitat siguen estudiando si lo harán.
"Borrón y cuenta nueva"
En cuanto a la situación en la que queda el futuro del planeamiento de la ciudad, el catedrático de Urbanística de la Universidad de Alicante, José Ramón Navarro Vera, indica que, con anterioridad, "ya era necesario hacer borrón y cuenta nueva" con el Plan General "por sus debilidades y carencias". Navarro Vera explica que los argumentos del Ayuntamiento de Alicante para mantener la tramitación del documento se han agotado, pues considera que la anulación del Plan Rabasa "invalida el modelo de desarrollo" planteado por el equipo de gobierno en el documento. "Es un torpedo a la línea de flotación del fututo Plan General", afirma.
El documento del PGOU contempla que la población crezca en 208.599 personas hasta 2030 con la contrucción de 57.760 viviendas, entre las que se encuentran las de Rabasa (alrededor de un 20% de las previstas). Quitar ese peso de viviendas supone dejar cojas las previsiones del plan y un modelo de crecimiento que también cuestionan desde otros colectivos como el Colegio de Arquitectos.
El presidente de esta entidad, Antonio Maciá, recuerda que el PGOU comenzó a tramitarse hace más de una década, en pleno "boom inmobiliario", en el que las condiciones eran diferentes. Para este experto, ese desfase es ya un motivo para repensar la base del futuro urbanístico de la ciudad y considera que la anulación del Plan Rabasa "lo acaba de rematar". Al respecto, incidió en que "es un Plan General que está muy tocado, está tan dañado que es difícil de salvar y esto es lo que lo remata". Maciá añade que "Rabasa es una intervención con un peso muy fuerte en materia de viviendas e infraestructuras" dentro del futuro Plan General, aunque "ponía énfasis en lo que no se debe hacer en la planificación de una ciudad, que es hacerla a trozos sin la coherencia necesaria".
Por parte desde la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas -que está a la espera de que el TSJ le comunique la resolución del recurso que presentó contra Rabasa- su presidente, José María Perea, sostiene que "ahora todavía tiene menos sentido continuar con un Plan General que está bajo sospecha". El documento está siendo investigado por su presunto amaño y están imputados, entre otros, la alcaldesa, Sonia Castedo, el exalcalde, Luis Díaz Alperi, el empresario Enrique Ortiz y el redactor del PGOU, Jesús Quesada. Según Perea, "el Plan General ya había perdido el sentido, pero la anulación del Plan Rabasa es el golpe de gracia porque se elimina una parte muy importante del mismo".
Mientras, si el Ayuntamiento de Alicante mantiene, como parece ser, su intención de seguir tramitando el Plan General, tendrá que rellenar los huecos que deje la anulación del Plan Rabasa, que se encuentra incluido en la revisión. Sería el momento para introducir sus criterios y poder reajustar, por ejemplo, la cifra de viviendas.
El PSOE pedirá una reunión con la empresa del mueble
El PSOE anunció ayer que solicitará una reunión con los responsables de Ikea para buscar una solución tras las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que anulan el Plan Rabasa. Al respecto, el secretario general de los socialistas, Gabriel Echávarri, aseguró que "ante la incapacidad de la alcaldesa, Sonia Castedo, debemos encontrar una solución para la implantación de la multinacional que beneficie a la ciudad, no al mismo de siempre". Por su parte, el portavoz de UPyD, Fernando Llopis, reiteró ayer la necesidad de buscar una nueva ubicación para Ikea y consideró que Rabasa "es un plan muerto". Desde Compromís, Luis Falcó consideró que la anulación de Rabasa "es un triunfo en términos medioambientales".
