La deuda que el Ayuntamiento de Alicante mantiene con los proveedores supera los 21,6 millones de euros cuando se cumple un año desde que el Gobierno concediera el crédito de 48 millones de euros para pagar facturas pendientes. La deuda la genera el volumen de facturas que sigue acumulándose en los cajones de la hacienda local por los servicios extraordinarios y sobrecostes que no están recogidos en el presupuesto municipal. Ayer, la comisión de Hacienda acordó -con el voto a favor del PP, la oposición del PSOE y EU y la abstención de UPyD- habilitar un millón de euros para el pago de facturas pendientes detrayendo parte del dinero del destinado originalmente a la Agencia Local de Desarrollo y a las Escuelas Infantiles Municipales.

Desde la oposición aseguran que buena parte de ese importe -más de 500.000 euros- se destina a pagar facturas a empresas de Enrique Ortiz. Como el expediente irá a pleno, EU volverá a pedir la recusación de la alcaldesa para que se abstenga en la votación del punto por su relación con el empresario.

Todos los grupos critican el volumen de la deuda mientras el concejal de Hacienda, Juan Seva, sostiene que la mayor parte de los 48 millones de deuda que se pagaron con el plan de pago a proveedores "se generó en un año, el 2011, y si la deuda actual es de 21,6 millones de euros supone que en el último año se ha acumulado menos de la mitad", si bien desde la oposición consideran que sigue siendo "elevadísima". Seva aseveró que la deuda se irá pagando conforme se generen ahorros en otras partidas.

La edil socialista Loles Fernández exige "que se ponga freno al descontrol" y coincide con el portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, al rechazar que la operación "se financie con dinero que debería destinarse a empleo y escuelas infantiles". El portavoz de UPyD, Fernando Llopis, criticó que "se ahorran cuatro 'chavos' por un lado y por otro se pagan miles de euros al mismo empresario".

Rehabilitación de edificio

En la comisión de Hacienda también se acordó destinar 300.000 euros a rehabilitar un edificio municipal de la calle San Francisco -EU apunta que dispone de 657 metros cuadrados- para trasladar el retén de la Policía Local de la zona y oficinas municipales, como las de Participación Ciudadana, para ahorrar alquileres.