En el grupo de cabeza. Los ayuntamientos de la provincia, necesitados de recursos, han impuesto a sus ciudadanos una de las presiones fiscales más elevadas de España en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), de acuerdo con los datos recabados por la Dirección General del Catastro. Las últimas cifras disponibles, referentes al cierre de 2012, revelan que los consistorios alicantinos son los octavos de España con un mayor tipo impositivo
en el tributo de bienes urbanos. La cantidad a pagar por el IBI se obtiene de dos variables. Por un lado, del valor catastral de la propiedad. Ahí, los ayuntamientos no pueden hacer absolutamente nada. Su maniobra es prácticamente nula. Es la Dirección General del Catastro la que revisa cada cierto tiempo a cuánto asciende el valor del inmueble. Eso sí, Consistorio y Catastro sí pueden pactar cuándo ha de producirse esa revisión.
Donde verdaderamente se observa la presión fiscal que aplican los ayuntamientos es en el tipo impositivo del impuesto. El gravamen oscila por ley entre el 0,40% y el 1,1%, aunque con salvedades. Por ejemplo, las poblaciones que sean capital de provincia, las localidades que dispongan de servicio de transporte público colectivo de superficie y los municipios que presten más servicios de los recogidos en la Ley reguladora de las bases del régimen local. Si cumplen algunos de estos requisitos, pueden ampliar el tipo de gravamen hasta un máximo de un 0,07% en los dos primeros casos, y un 0,06% en el tercero. Esta circunstancia se da, por ejemplo, en Elda. El Ayuntamiento capitaneado por Adela Pedrosa posee el tipo impositivo más elevado de toda la provincia para bienes de naturaleza urbana, con un 1,1820%, de acuerdo con los datos de la Dirección General del Catastro. Casi cuatro décimas más que la media del resto de poblaciones alicantinas, cifrada en un 0,7949%.
Este último guarismo deja a los consistorios de la provincia a la cabeza del país en presión fiscal sobre los recibos urbanos del IBI. Sólo los superan los municipios de Cádiz, Girona, Huelva, Huesca, Tarragona, Valencia y Melilla. ¿A qué se debe ese porcentaje tan elevado? Dos alcaldes consultados por este diario coinciden en la explicación. Hasta 2007, el boom de la construcción nutría de pingües ingresos las arcas locales. El Impuest0 sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y, en menor medida, las tasas urbanísticas permitían que los ayuntamientos pudieran disparar con pólvora de rey. Los presupuestos municipales crecían y crecían, y se podían acometer proyectos de envergadura. Pero llegó la crisis, la burbuja inmobiliaria explotó y las nuevas promociones de viviendas se convirtieron casi en una excepción.
Entonces, los ayuntamientos se toparon con serias dificultades para poder mantener las instalaciones municipales construidas al calor de la época de bonanza. ¿Y qué hicieron? Algunos, no todos, aumentaron el tipo impositivo del IBI en su variante urbana, uno de los cimientos de las cuentas locales. Entre ellos, los de mayor población. Por ejemplo, Alicante, cuyos recibos se deben abonar estos días. En 2007, cuando la crisis aún ni se barruntaba, el tipo impositivo de la capital para los recibos urbanos era del 0,7370%. Al cierre de 2012, por el contrario, ascendía al 0,77%. Alicante, sin embargo, se sitúa por debajo de la media de la provincia. Muy por encima aparece Elda (que en los últimos cinco años ha aumentado el tipo de gravamen del 1,16% al 1,182%) o Alcoy, que ha pasado del 1,04% en 2007 al 1,05% actual.
También han incrementado el tipo impositivo Elche (del 0,77% al 0,81%), Benidorm (del 0,60% al 0,75%), Novelda (del 0,96% al 1,1367%) o San Vicente del Raspeig (del 0,95% al 0,97%).
En el polo opuesto se sitúan poblaciones como El Campello. En 2008, con el precio de las viviendas todavía por las nubes, el Catastro realizó una revisión en el término municipal y actualizó el valor de las propiedades. El recibo de los vecinos se disparó hasta tal punto que incluso llegaron a organizar manifestaciones por las calles de la localidad para exigir al Consistorio que adoptara medidas con el fin de rebajar la presión fiscal. Y lo hizo. El tipo impositivo pasó del 0,85% de 2007 al 0,66%.
Sólo seis municipios alicantinos gravan las viviendas vacías
Desde hace nueve años, los ayuntamientos españoles disponen de la posibilidad de imponer un gravamen especial a los propietarios de viviendas vacías. De los 141 consistorios de la provincia, sólo seis han acordado hacerlo. Concretamente, Agost, Beniarbeig, Bigastro, Monóvar, Parcent y La Torre de les Maçanes.
El Gobierno central dejó elaborado un reglamento en 2004 que abría la puerta a los ayuntamientos a aplicar un recargo de un máximo del 50% en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los dueños de segundas residencias. Pero ese guante apenas se ha recogido en la provincia. Es más, de las seis poblaciones que sí han aprobado su aplicación en sesión plenaria (un 4,25% del total), sólo cuatro han fijado el techo del 50% (Beniarbeig, Bigastro, Monóvar y Parcent). Agost lo dejó en el 10%, mientras que en La Torre es del 25%.
Dos motivos son los que frenan a los consistorios a adoptar esta medida, resaltan dos alcaldes consultados. Por un lado, su impopularidad: en plena crisis y con los recortes que se han venido imponiendo en los últimos meses, entienden que no es momento de las familias hagan sobresfuerzo tras sobresfuerzo. Y, por otro, las dudas sobre su legalidad, el PP elaboró el reglamento en 2004, pero no le dio carácter normativo. A. F.
