El desalojo por el impago del alquiler de una familia de exiliados cubanos -de cinco miembros, dos de ellos menores de edad- acabó ayer con un balance de dos detenidos y varios heridos leves, tras el intento de medio centenar de personas de impedir el acceso de los agentes judiciales a la vivienda, ubicada en la Gran Vía a la altura de la avenida de Novelda.

Los dos detenidos, también de origen cubano, fueron conducidos a la Comisaría de Benalúa al oponerse con fuerza al desahucio. Según fuentes policiales, una de las arrestadas -que el 26 de mayo también será desalojada- intentó agredir a los policías con un trozo de un cristal que se rompió durante el forcejeo con los agentes.

Los detenidos, tras declarar ante la Policía, fueron puestos en libertad, pendientes de un juicio rápido que se prevé celebrar hoy.

La tensión del desahucio provocó además varios ataques de ansiedad, entre ellos, el que sufrió una de las hijas de la familia, de 15 años, que fue trasladada al Hospital de Alicante en ambulancia.

Los intentos de su hermana, que ayer cumplía 22 años, de calmarla no surtieron el efecto esperado, por lo que acabaron pidieron asistencia médica. También se mostró muy nerviosa la madre, Ismara Sánchez, quien acusó a miembros de la Policía Nacional de desalojar a la fuerza, "cogida por el cuello", a su hija mediana. Hoy presentará una denuncia.

La familia cubana, compuesta por exiliados políticos, llegó a España en 2011, dentro de un programa del Ejecutivo de Zapatero. "El acuerdo entre Cuba y España, con la Iglesia como mediadora, incluía una ayuda para pagar el alquiler hasta que tuviéramos trabajo, pero nos ha sido imposible encontrar un empleo. Y en mayo del pasado año, el Gobierno decidió dejar de darnos la ayuda de 400 euros -que canalizaba Cruz Roja-, por lo que tuvimos que dejar de pagar el alquiler", explicó ayer la mujer desahuciada, minutos antes de que acudiera la comisión judicial al domicilio.

Con la llegada de Rajoy a la Moncloa, según explicaron ayer los afectados, el Gobierno "se desentendió". "Entraron con los recortes a saco y delegaron la responsabilidad en los ayuntamientos. Tras varias protestas, conseguimos una ayuda de 300 euros de los Servicios Sociales, que se nos acaba este mes", explicó Ismara.

No obstante, la familia acumula una deuda con la propietaria de la vivienda desde julio de 2012, fecha en la que dejaron de pagar el alquiler. Y dos meses después, en septiembre, los inquilinos también dejaron de pagar la luz y el agua.

Dos largas horas de tensión

Pasadas las nueve de la mañana, miembros de Stop Desahucios iniciaron una concentración a las puertas de la vivienda. En el cuarto piso esperaban los cinco miembros de la familia de origen cubano, con estatus de refugiados políticos. "Queremos que el Gobierno deje de burlarse de nosotros. No quiero vivir en la calle ni tener que entregar a mis hijos a los Servicios Sociales del Ayuntamiento. No tengo familia aquí, si nos desalojan... ¿dónde vamos a ir?, ¿quién nos va a acoger? Estamos en una situación crítica", explicaba la exiliada cubana.

A las 10.30 estaba prevista la llegada de los funcionarios judiciales, que hicieron acto de presencia un cuarto hora después. En la puerta, cinco agentes de la Policía Nacional custodiaban la zona, mientras un centenar de personas mostraban su rechazo al desalojo de la familia cubana, entre ellos varios compatriotas. Entre tanto, la propietaria de la vivienda observaba la situación desde la acera.

Con el paso de los minutos y la decisión de los presentes de mantener la concentración, que se había trasladado justo a la puerta del edificio, la Policía Nacional pidió refuerzos, hasta que el despliegue se amplió a 15 agentes.

La negativa del juez a paralizar el desahucio, según explicaron los responsables policiales a miembros de Stop Desahucios, acabó por precipitar los hechos. Los agentes intentaron negociar de nuevo el desalojo de los concentrados, que optaron por sentarse en el suelo, pero el acuerdo no llegó... Y la tensión apareció.

La Policía empezó a desocupar la entrada a la vivienda. Algunos de los concentrados salieron por su propio pie, mientras que otros opusieron resistencia y desocuparon la zona a la fuerza, empujados, arrastrados y llevados en volandas por agentes policiales. En contra de su voluntad, también salió una de las hijas de la familia, que, según la versión de algunos presentes, fue "sacada por el cuello" por uno de los policías.

Otro de los momentos de mayor tensión se produjo cuando apenas quedaban unas diez personas por desalojar de la entrada al edificio, incluido varios que aguardaban tras la puerta de acceso. La disputa entre los agentes y los concentrados provocó la rotura de un cristal, ante el forcejeo de un miembro de una familia cubana que será desahuciada en breve. La negativa a abandonar la zona llevó a que uno de los presentes propinara una patada a la puerta de entrada, cuyo cristal quedó hecho añicos. Así, mientras la policía sacaba a la fuerza a varios concentrados, una mujer agarró uno de los trozos de cristal e intentó agredir a los policías para evitar que arrastrasen a su marido, según denunciaron fuentes policiales. Los agentes, tras reducirla, procedieron a su inmediata detención. Instantes antes se produjo el primer arresto de la mañana, también como consecuencia de la fuerte oposición de un hombre a abandonar la zona. Los dos detenidos fueron trasladados a la comisaría, acusados de "atentado a agentes de la autoridad, resistencia y desobediencia". Posteriormente fueron puestos en libertad, a la espera del juicio rápido de hoy, en los Juzgados de Benalúa.

La familia desalojada pasó ayer la noche en la casa de un vecino y hoy tiene previsto concentrarse frente al Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno.

La oposición pide un plan de ayudas sociales para alquiler

Mientras se producía el desalojo, en el Ayuntamiento se reunía la comisión municipal de desahucios en la cual el grupo municipal socialista exigió que se "aúnen esfuerzos para evitar que las familias sean desahuciadas". El PSOE solicitó que se inste al Consell a que ponga en marcha el servicio de mediación hipotecaria y refuerce su apuesta por la política de alquiler social con medidas como las aprobadas por el Gobierno andaluz.

Tras la comisión, la concejala María José Adsuar explicó que el grupo socialista había propuesto un plan especial de ayudas sociales, dotado de una partida presupuestaria en exclusiva, que contemple ayudas para alquiler, alimentación, entre otras.

Por su parte, el edil de EU Miguel Ángel Pavón calificó de "decepcionante" la reunión de la comisión municipal. "Es inaceptable que la oficina de asesoramiento y mediación excluya la posibilidad de ofrecer una vivienda social en los casos de impago de alquileres en los que lo inquilinos no tienen renta alguna. Es absurdo que se niegue la posibilidad de vivienda social a personas que no puedan hacer frente al pago del alquiler", señaló ayer Pavón.