El espectacular aumento de la oferta cautiva de viviendas que se dedican al alquiler turístico escapando al control de las administraciones autonómicas -la Comunidad Valenciana lidera el ranking nacional al tener sólo registrada un 20% de la planta de apartamentos susceptible de ser alquilada a lo largo del año- ha hecho reaccionar, finalmente, al Gobierno central. Primero fue una iniciativa del Ministerio de Hacienda para cotejar los ingresos de las viviendas alquiladas con las declaraciones del IRPF, y, ahora, se trabaja en una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para excluir de la misma el alquiler de viviendas por temporadas cortas, dejando así sin amparo legal a unos 200.000 apartamentos en la provincia.
En la Costa Blanca, Turismo tiene registradas unas 20.000 viviendas susceptibles de ser alquiladas de forma legal, pero la propia Administración admite que puede haber unas 200.000 casas que se ofrecen irregularmente, y que se quedarán fuera de la LAU una vez se apruebe la nueva legislación y fije qué viviendas podrán tener el amparo legal para ser alquiladas.
Fuentes de la patronal alicantina de alquiler de apartamentos turísticos celebraron ayer la iniciativa de Gobierno, y aseguraron que éste cambio ni siquiera sería necesario si la Conselleria de Turismo aplicara con rigor el decreto que regula los alquileres. Una vez que la LAU deje fuera estas viviendas que se alquilan como turísticas, sus propietarios no podrán evitar la normativa autonómica que impone fuertes multas.
Los hoteleros denuncian que todos los años se producen en la Costa Blanca sobre los 100 millones de pernoctaciones en apartamentos turísticos alegales (informe de La Caixa). Una oferta de alojamiento irregular que en la provincia supone contar con alrededor de 500.000 plazas potencialmente alquilables durante todo el año, y que suponen un sustento para un buen número de economías familias que viven de sector.
Indirectamente, además, los turistas que eligen esta fórmula para pasar las vacaciones contribuyen a mantener supermercados, bares y tiendas de la zona.
Turismo tiene registrados oficialmente unos 20.000 apartamentos, setenta mil plazas, pero no ha logrado evitar, por la falta de inspectores, que se sigan alquilando casas sin control, pese a contar con un decreto (las competencias de legislación turísticas son autonómicas), que deja claro que no es legal ni publicitar en internet el alquiler de un apartamento si no está registrado. "Aunque advierte de la posibilidad de sanción, luego nadie hace nada", denunciaron ayer desde la patronal.
Las dos asociaciones empresariales que gestionan la oferta legal de apartamentos turísticos que se alquilan en la Costa Blanca (Aptur y Hosbec) llevan años reclamando al Consell que aplique con firmeza el decreto regulador que en su día permitió registrar unas 20.000 viviendas para su uso turístico. Los empresarios instan al Consell a intervenir de forma contundente al haberse detectado que muchos de los apartamentos no registrados se comercializan en páginas web y revistas especializadas "al alcance de todo el mundo".
Los empresarios, entre ellos los hoteleros que ven en esta planta un claro ejemplo de competencia desleal, plantearon en su día varias posibles tipologías para la explotación de los apartamentos. Entre ellas destaca la recuperación de la figura legal del apartotel y definir al complejo de viviendas donde al menos el 85% de los pisos son explotados en alquiler. Habría cuatro categorías diferentes con servicios propios y diferenciados de las viviendas turísticas -segunda modalidad- como contar con recepción las 24 horas, zonas comunes como salón-social, cafetería, piscinas y aparcamiento, según la categoría de cada apartotel.
Grupo de trabajo
El decreto autonómico obliga a inscribir las viviendas turísticas en un registro, siempre que el titular destine al alquiler turístico dos, o mas de dos. Si el dueño sólo alquila una no tiene que estar inscrita, pero sí reunir los requisitos de calidad y habitabilidad exigido en la norma. Turismo admite que la proliferación de alquileres de viviendas independientes para estancias cortas y con uso turístico es el principal caballo de batalla del sector.
En este sentido, la Conselleria de Turismo anunció ayer la creación de un grupo de trabajo con los empresarios, la Federación de Municipios y Provincias y las asociaciones de consumidores.
En 2012 se realizaron 97 inspecciones en la provincia de Alicante, de las que 38 fueron en Benidorm, según la Conselleria de Turismo.
