La Conselleria de Educación está obligando a los colegios e institutos a asumir el coste de los planes de emergencia y de autoprotección, que son obligatorios por ley -tal y como establece la orden 27/2012-, y a que se responsabilicen de su viabilidad los propios directores de centros firmando los documentos y remitiéndolos al Consell.
El departamento que dirige María José Catalá no está cumpliendo con las premisas que debían ejecutar los propios técnicos especialistas por la seguridad de los centros educativos y deriva la responsabilidad en los directores.
El coste para completar las medidas de emergencia en los centros escolares ronda los 1,5 millones de euros, a razón de entre 1.000 y 3.000 euros por cada instalación educativa, pero la conselleria ha dejado a su suerte a los directores, que tratan de cumplir con lo que se les ordena "con total dejación e irresponsabilidad por parte de los responsables políticos", como subrayan los delegados de CC OO que han vuelto a presentar por este motivo una nueva queja ante el Síndic tras la denuncia formal que ya entregaron ante la Inspección de Trabajo el año pasado, y que desembocó en el requerimiento urgente a Educación de que cumpla con la seguridad de los centros educativos.
Ayer mismo las pistas de futbito del Instituto Jorge Juan de Alicante amanecieron ocupadas por grandes piedras y toneladas de tierra desprendidas de la ladera de la montaña y del murete de contención del centro, que no resistió el temporal del fin de semana. El centro está a la espera de una reforma integral y de su ampliación para acoger de forma pionera en un centro público todos los niveles educativos, desde 0 a 18 años de edad. Se licitó hace cuatro años, en 2009, pero en febrero de 2011 la Generalitat lo paralizó, sin que tampoco Educación haya invertido en el mantenimiento.
Desde el equipo directivo del instituto avisaron ayer de inmediato a la dirección territorial para que el equipo técnico de la conselleria revise las instalaciones y evalúe los daños del desprendimiento de tierras, mientras se evitaba el uso de las pistas durante el recreo de los alumnos.
"¿Hasta dónde tienen que llegar los desperfectos y carencias del IES Jorge Juan para que Educación recapacite y recupere el proyecto de rehabilitación del centro más antiguo de la ciudad?", se preguntaba ayer el secretario de Compromís por Alicante, Ignasi Bellido. "Este derribo evidencia el mal estado del instituto, cuando hace sólo un mes la consellera Catalá ratificaba su negativa a rehabilitarlo a preguntas de nuestra diputada Mireia Mollà, con el peligro que esto supone para la comunidad educativa", abundó.
El delegado de CC OO en l'Alacantí, Francisco García, advierte de que los directores "no pueden redactar las medidas de emergencia, ni mucho menos firmarlo", al tiempo que ha reclamado de la dirección territorial de Educación "que garantice el cumplimiento de la normativa antes de que suceda algo que debamos lamentar". El sindicato recuerda los incidentes del Conservatorio de Alicante y de colegios de Muro, Santa Pola, Rojales, Alicante, Polop y Benidorm.
"Déficits de seguridad temerarios e inadmisibles"
En la queja al Síndic de Greuges presentada por la secretaria general de CC OO, Consuelo Navarro, el delegado de salud laboral, Javier Pérez y el delegado de enseñanza Francisco García, evidencian las "carencias e incumplimientos ya denunciados por la falta de recursos materiales y humanos para subsanar en un periodo razonable los déficits de seguridad, temerarios e inadmisibles que arrastran los centros educativos de la provincia". Advierten por otra parte de que los equipos directivos no disponen ni de personal cualificado ni de presupuesto específico para poder hacer frente a la normativa vigente "que imprudentemente se les está obligando a firmar", y que están contratando empresas externas "sin la garantía de poder hacer frente a su coste económico. Se está jugando conscientemente con la seguridad y salud de alumnos y profesores", concluyen. V. B.
