La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, defendió ayer que ante la actual coyuntura económica, la Generalitat va a apostar por "potenciar la vertiente más social" del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), frente a "planes de maquillaje".

En el caso del IVVSA, el número de viviendas sin ocupar asciende a 1.200, "de las que 625 están en disposición de ser alquiladas una vez sean rehabilitadas mientras que el resto está ocupado ilegalmente o tiene algún trámite administrativo pendiente". Estas cifras garantizarían que las 339 solicitudes que existen en el registro de personas afectadas por un procedimiento de desahucio estarían cubiertas, ha señalado Bonig.

Dentro del plan, la Generalitat también ha reforzado los mecanismos para impedir la ocupación ilegal, que afecta a 299 inmuebles, y otras situaciones irregulares, como la morosidad que en septiembre de 2012 se cifraba en un 39 % de los 7 millones de euros anuales que el Consell cifra en concepto de alquileres sociales.

Bonig defendido la efectividad de su plan frente a iniciativas como las aplicadas en Andalucía o Cataluña, que a su juicio no sirven para "solucionar el problema".

En este sentido, añadió, el Gobierno valenciano "va a seguir apostando por la gente" y la mejor manera de hacerlo es poniendo a su disposición "el patrimonio valenciano", por lo que instó a la Junta de Andalucía a, en lugar de expropiar a los bancos las viviendas vacías, "poner al servicio de los ciudadanos los 5.000 inmuebles que tiene sin ocupar".