El Tribunal de Cuentas ha cruzado los datos aportados por las comunidades autónomas, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y el Ministerio de Sanidad para fiscalizar la aplicación de la ley de dependencia en seis autonomías (Asturias, Madrid, Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía).

Tras autentificar las cifras, los expertos del órgano fiscalizador reclaman al Consell un total de 2,1 millones abonados por el Gobierno en ayudas a dependientes fallecidos antes de abril de 2011.

Los 2,1 millones de euros proceden de los subsidios de mínima protección aprobados durante 5 años a un total de 976 dependientes valencianos ya difuntos. La mayor parte de las ayudas "fraudulentas" pertenecen a 623 beneficiarios que perecieron antes de diciembre del 2010, por 323 fallecidos entre enero y abril del 2011.

La desviación esta causada por que los adjudicatarios de las ayudas estaban dados de alta en el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sisaad), aplicación informática utilizada para desarrollar el reglamento aprobado en noviembre de 2006. Así, la conselleria habría recibido de parte del Imserso las ayudas de estos beneficiarios, pero no habría podido otorgarlas. Por ello, desde el órgano fiscalizador instan al instituto dependiente del ministerio de Sanidad a "regularizar esta situación, minorando en los próximas nóminas el exceso de financiación".

Los expertos del Tribunal de Cuentas también confirman un exceso de financiación de 2.763.910 euros procedente del Imserso y atestiguan que el instituto ya ha recuperado 7,02 millones en la Comunidad Valenciana. El informe del Tribunal de Cuentas -que fue aprobado oficialmente a finales de marzo- desarrolla una amplia radiografía de la aplicación de la ley de dependencia en la Comunidad Valenciana.

43% sin prestación

Destaca que el 43 % de las personas que tenían derecho a una ayuda antes de enero de 2011 (27.988 beneficiarios) no habían recibido prestación alguna. El conjunto global de adjudicatarios ascendía a 64.916 personas, por lo que 36.927 dependientes valencianos sí contaban con la prestación debidamente reconocida. Este ratio del 43 % sitúa a la Comunidad Valenciana como la segunda autonomía con mayor porcentaje de ayudas a la dependencia no reconocidas. Solo Canarias (con un 58 %) supera el dato valenciano.

Otro de los puntos negros del desarrollo de la ley de dependencia en la Comunidad es el retraso en la tramitación de las ayudas. El informe diferencia dos tramos: el referente a los datos del Consell y el de las cifras resultantes tras el cruce de archivos. En el primer caso, se constata que el retraso entre la fecha de solicitud y el reconocimiento de la prestación es de 310 días, cuando la media nacional es de 262 días. La diferencia se agranda tras el cruce de datos, ya que se habla de 635 días de demora. La media nacional alcanza los 510 días. Por último, también se constata la existencia de 38 expedientes duplicados, con una financiación de 91.939 euros.

Críticas al criterio de Bienestar Social

En el informe también se critica la tramitación de los expedientes anteriores a junio de 2010. Los autores del documento destacan que la valenciana es la única autonomía donde se ha apostado por comenzar a pagar las ayudas utilizando como base la fecha de resolución de la ayuda, en vez del día en que esta fue solicitada.

Desde el Tribunal de Cuentas apuntan que la interpretación del Consell entra en contradicción con la legislación, por lo que 31.764 expedientes estarían mal tramitados. Jaime Esteban García -coordinador de la plataforma en defensa de la dependencia de la Comunidad Valenciana- comentó en este sentido que "el informe avala que somos la comunidad que peor ha ejecutado la ley. Hace tiempo que pedíamos esta fiscalización".