La presidenta de la Diputación y de la Mesa Provincial del Agua, Luisa Pastor, se mostró ayer partidaria de aceptar el aumento de la reserva de agua a partir de la cual no se enviará agua del Tajo a Alicante (400 hm3), siempre que se cumplan las condiciones pactadas en el memorándum firmado por el Gobierno, Consell y Murcia que, supuestamente, garantiza la continuidad del trasvase. Entre ellas, Pastor exigió al Ministerio de Agricultura un control riguroso de los desembalses de agua en los pantanos de Entrepeñas y Buendía. "Necesitamos conocer con exactitud el agua que se extrae por la noche, y que al final se saquen los hectómetros cúbicos que nos dicen que se sacan. Si anuncian 5 hm3 que sean cinco y no diez", subrayó la presidenta de la Diputación, quien aseguró que el memorándum se ha firmado tras haberse llegado a un consenso con los regantes.
Pastor aseguró que el documento firmado en Madrid recoge su petición, y avanzó que se estudiará en la Mesa del Agua, y si los técnicos dan su visto bueno se presentará como alegación al borrador del plan hidrológico del Júcar, para lo que hay seis meses de plazo. "Es lógico que Madrid y Castilla-La Mancha hayan aumentado sus demandas de agua por su crecimiento, pero si aceptamos la reserva debe quedar claro el tema de los desembales. Es más, el aumento se hará en 5 años por lo que si hacemos las cosas bien el trasvase no se tiene que resentir", aseveró Pastor, tras un acto público en la Diputación.
Por su parte, el presidente de Coepa, Moisés Jiménez, también se ha mostrado inflexible en el debate sobre la defensa del trasvase del Ebro, y esta semana ha defendido, en declaraciones a la Ser, la importancia de la transferencia de recursos hídricos del Tajo a la provincia. De hecho, un informe de la patronal sostiene que si desaparecieran los aportes de agua del trasvase se acabaría con el 62,18% de la agricultura de regadío de la provincia, que mueve 300 millones de euros al año y da empleo directo e indirecto a más de 50.000 personas.
Además, el Gobierno tendría que pagar la friolera de 21.000 millones de euros (diez mil en la provincia de Alicante) a los agricultores, empresas y ayuntamientos que reciben agua del trasvase Tajo-Segura si se optara por el cierre de esta infraestructura, tal como recogió en su día el proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha, y podría suceder ahora al haberse elevado la reserva en los años de sequía, según ha alertado el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante.
Responsabilidad patrimonial
Por otro lado, el cierre del trasvase Tajo-Segura representaría un coste para el Estado superior a 20.000 millones de euros, debido, según el informe de la patronal, a la responsabilidad patrimonial en la que incurriría, puesto que alteraría las condiciones de prestación de servicio del trasvase, cuyos efectos se traducirían en unos graves perjuicios a los usuarios.
En concreto, para cerca de tres millones de consumidores, los agricultores que cultivan 198.178 hectáreas regadas por aguas llegadas desde los embalses de Entrepeñas y Buendía, y las miles de empresas de distintos sectores que se benefician en la actualidad de estos caudales -25.000 dedicadas al sector servicios en Alicante-. El cierre de la transferencia se cobraría 180.000 empleos directos en agricultura y servicios.
Por su parte, el consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, recordó ayer que los socialistas "habían matado" el trasvase Tajo-Segura con los números recogidos en su plan de cuenca del Tajo, que ya contemplaba unos caudales ecológicos que "eliminaban de facto el acueducto, por lo que finalmente se ha conseguido resucitar un trasvase que estaba muerto". Cerdá firmó el memorándum con José Císcar.
El PSOE asegura que el plan secará el trasvase
Francisco Rodríguez Mulero, secretario de Agricultura y Agua de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, alertó ayer de que la intención del gobierno de aprobar el plan hidrológico del Tajo con un aumento de la reserva hasta los 400 hm3 "certificaría la muerte del trasvase". El dirigente socialista dijo que el plan propuesto es "el plan hidrológico de De Cospedal", y criticó que "la Generalitat se dedique a firmar memorándums que son papel mojado, que no aportan nada de seguridad y que no traen ni un solo litro de agua para Alicante".
Por su parte, el coordinador de los diputados y senadores del PSPV y vicesecretario general provincial de Alicante, Herick Campos, afirmó que la firma del memorándum "de tapadillo para no enfadar a Cospedal" sobre el Tajo Segura es la constatación de la renuncia del PPCV y del Consell a defender el amparo legal y normativo actual sobre el trasvase, su gestión, y el caudal potencial a enviar a Alicante. Para Campos, "este papel no tiene amparo legal, y es una declaración de intenciones que no defiende los derechos adquiridos sobre cesión de agua garantizados por ley y que ahora otra norma derogará y condicionará", aseveró Campos.
