Aunque los sueldos de los políticos, con independencia de su signo, resultan de por sí generosos, concejales y ediles los redondean al alza con las dietas que reciben por la asistencia a consejos de administración de empresas públicas o mixtas, reuniones de organismos autónomos y, en algunos casos, por plenos o comisiones. Un asunto sobre el que, salvo excepciones, planea la opacidad dada la incomodidad que genera en muchos cargos públicos. Aunque la ley impide cobrar un sueldo de dos administraciones públicas, muchos diputados provinciales y autonómicos engrosan sus salarios con lo que perciben por reuniones que, en ocasiones, no duran ni siquiera una hora o por asistir a las comisiones o plenos de sus ayuntamientos.
Los alcaldes y concejales han visto, además, una importante fuente de ingresos en las empresas de participación pública. Meter la cabeza en esos consejos de administración puede reportar unos ingresos extra que, en el caso de las empresas mixtas de agua, oscilan llamativamente entre poblaciones. Así, mientras en Alicante un concejal que ejerza de consejero percibe 1.792 euros brutos por reunión -cuatro al año-, en Elche la cifra es de 90 y en Calp asciende a 1.100 euros por sesión, si bien hay una o dos al mes.
La alcaldesa y concejales del Ayuntamiento de Alicante, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, se reparten en conjunto anualmente más de 90.000 euros brutos en sobresueldos por su asistencia a consejos de administración de empresas mixtas, organismos autónomos y, en el caso de los ediles sin dedicación exclusiva, por los plenos. Unas dietas que engrosan el bolsillo de unos políticos cuyos sueldos en el caso de la capital -con la excepción de los concejales sin exclusiva- oscilan entre los 52.500 euros brutos anuales de uno de la oposición a los 67.500 euros que cobran algunos del equipo de gobierno local.
En el caso de la alcaldesa, Sonia Castedo, a los 56.000 euros brutos al año que cobra de su sueldo como diputada autonómica -fuentes municipales sostienen que al mes ingresa en neto unos 3.000 euros de sueldo- hay que sumar los aproximadamente 16.000 euros brutos anuales que percibe por la asistencia a los consejos de administración de las empresas mixtas de Aguas de Alicante (1.039 euros netos -brutos son 1.792- por consejo y hay cuatro al año) y Emarasa (972 euros -1.676 brutos- por cada una de las cuatro reuniones anuales). También percibe 212 euros por cada pleno municipal (al menos 12 al año) como el resto de ediles que no cobran del Ayuntamiento. En total, entre sueldo, dietas y plenos eleva sus ingresos a 72.000 euros brutos. Una cantidad que podría situarse en los 88.000 si Castedo, como ha anunciado que hará, renuncia a su escaño en las Cortes y decide cobrar el sueldo de alcaldesa -de 71.890 euros anuales brutos-.
Castedo está en otros patronatos, como el de Turismo o Vivienda, pero según fuentes municipales ha renunciado a cobrar por la asistencia a estas reuniones, en las que participan otros ediles alicantinos de diferentes grupos que, por cada una de ellas perciben entre 30 y 91 euros.
Quienes acuden a las reuniones de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante ingresan alrededor de 150 euros por sesión -suele haber unas tres al año- y hay representantes municipales en otros consejos de administración como el del Puerto de Alicante, en los que perciben más de 100 euros por cada reunión.
Se trata de un suma y sigue que va engrosando el bolsillo de algunos ediles, aunque son los consejos de Aguas y Emarasa los más golosos. En cada uno de ellos, además de la alcaldesa -que está en ambos-hay cuatro concejales más. Así, los ediles populares Andrés Llorens (67.500 euros brutos al año de sueldo) y Miguel Valor (63.750 euros) suman cada año a su sueldo en torno a los 7.000 euros -netos algo más de 4.000- por la asistencia a los consejos de Aguas de Alicante. Unas cifras que también perciben el socialista Miguel Ull y el portavoz de UPyD, Fernando Llopis, con la salvedad de que estos dos últimos no tienen dedicación exclusiva. En Emarasa, los consejeros municipales -Luis Barcala (56.250 euros brutos de sueldo), Marta García-Romeu (67.500 euros), Sonia Alegría (56.250 euros) y el portavoz de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón (53.850 euros)- perciben otros 6.700 euros brutos al año extra -cerca 4.000 netos-. En este caso, también cabe mencionar otra salvedad, dado que Miguel Ángel Pavón viene haciendo público la donación de esa retribución extra a diferentes entidades sociales después de que se rechazara crear un fondo de ayudas sociales con el dinero que perciben los consejeros municipales.
En otros municipios, como Calp, las dietas de los ediles por asistir a los consejos de la empresa mixta de gestión del agua, creada por el Ayuntamiento y Serhico, son todavía más elevadas. A ella asisten como consejeros tres ediles -Manuel Cabrera (PP), Ana Sala (PP) y Antonia Vargues (Independents-Els Verds- que por cada reunión de Aguas de Calpe a la que van se embolsan entre 1.000 y 1.100 euros brutos. En este caso, se celebran entre una y dos reuniones mensuales, por lo que cada uno de ellos ingresa al año una cantidad que alcanza los 21.936 euros sólo por asistir a estos consejos.
En Torrevieja, el alcalde, Eduardo Dolón, y otros tres ediles (dos del PP y uno del PSOE) asisten al consejo de la empresa mixta Agamed y perciben al año 1.100 euros limpios -1.600 brutos- por la asistencia a las reuniones, que se producen cada trimestre. Unas cifras que contrastan con las de Elche, donde entre los consejeros está la alcaldesa popular Mercedes Alonso (cobra 63.000 euros brutos al año de su sueldo como diputada provincial) así como los ediles del PP Manuela Mora, Sebastián Polo y Vicente Granero, el socialista Alejandro Pérez y Jesús Ruiz Pareja, del Partido de Elche. Por asistir a los consejos de la empresa mixta ilicitana cobran 90,15 euros brutos por sesión (52,29 euros netos) y hay cuatro al año. La alcaldesa, no obstante, también percibe retribuciones extra por otros consejos como los de la empresa municipal Pimesa -percibe 112 euros al mes brutos- y Visitelche (Turismo) -otros 112 euros brutos cada dos meses- a los que asiste junto a otros concejales, la mayoría del equipo de gobierno local. Alonso, además, acude a otros consejos rectores como diputada por los que sigue engrosando su cuenta corriente.
Por su parte, la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor percibe cada año más de 16.500 euros en sobresueldos por la asistencia a comisiones, consejos y reuniones de los organismos autónomos que se suman a los 65.000 euros brutos al año que cobra como presidenta de la institución provincial. En total, 81.500 euros a los que, además, se suman los aproximadamente 12.000 euros que percibe por la asistencia a plenos, comisiones o juntas de gobierno del municipio que dirige y otros 1.800 euros brutos al año por su asistencia a las reuniones de la Mancomunidad de l'Alacantí.
Las indemnizaciones que perciben los diputados provinciales por la asistencia a estas reuniones oscila entre los 600 euros brutos al año y los 16.500 euros por la asistencia a reuniones de organismos autónomos, a los que algunos suman además lo que perciben por la asistencia a plenos o comisiones de los municipios en los que ostentan su cargo. Otros diputados provinciales, como Adrián Ballester, Ana Belén Juárez y José Francisco Chulvi renunciaron a ello.
En el caso de SUMA, aunque ya no se cobran las cantidades de antaño, cuando por asistir a una reunión se llegaban a percibir 1.200 euros, las asignaciones actuales se fijan entre los 150 y los 300 euros brutos. En este organismos está, por ejemplo, el diputado de Turismo y concejal de Torrevieja Joaquín Albadalejo que, además de este ingreso extra, suma a su sueldo de diputado (60.000 euros brutos anuales) los 1.100 euros al año -1.600 brutos- como consejero de la empresa mixta de aguas del municipio. Cada mes, además, ingresa una media de entre 1.000 y 1.500 euros por la asistencia a comisiones, juntas de gobierno y plenos. Por si fuera poco, tiene concedidas por parte de la Diputación 4 horas semanales de compatibilidad para encargarse del negocio familiar en una inmobiliaria de Torrevieja.
Por contra, en otros municipios las remuneraciones extra que pueden percibir son mínimas o inexistentes. En Benidorm, por ejemplo, no hay consejos de administración de empresas públicas, sólo existe la Fundación Turismo pero no se cobra por asistencia. En Alcoy, no forman parte de consejo de administración alguno, ni el consistorio tiene participación en empresa alguna. Asimismo, los ediles forman parte de diferentes órganos no colegiados, de carácter participativo, como los de Deportes o Bienestar social, pero esto no conlleva ingreso alguno.
Mientras, en las capitales de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, en Villena y Elda respectivamente, las remuneraciones que perciben los concejales por asistir a los consejos de administración de las empresas municipales son de nula o escasa cuantía. En Villena simplemente no cobran y en Elda los ediles que asisten a los consejos de administración de Emidesa, Emudesa y del organismo autónomo de Idelsa perciben entre 40 y 80 euros. Pero, además, no se suelen convocar más de seis reuniones de este tipo al año por lo que la cantidad máxima que puede percibir un concejal por este concepto es inferior a los 500 euros anuales.
Límite de salarios y coto a las dietas de los ediles con sueldo
La reforma de las administraciones locales prevista por el Gobierno para ahorrarse hasta 7.129 millones de euros en todo el Estado contempla la imposición de limitaciones en los sueldos de concejales y alcaldes para que no superen a lo que cobra un secretario de Estado. Ese límite se ha elevado a un máximo de 90.000 euros brutos al año, incluyendo complementos, para las poblaciones de entre 300.000 y 500.000 habitantes. Este es el caso, por ejemplo, de Alicante. Si bien la regidora, Sonia Castedo, no alcanza ese tope, al menos por el momento. En la escala, se fija un máximo de retribuciones de 80.000 euros al año para los cargos públicos de municipios de entre 150.000 y 300.000 habitantes. La cifra va descendiendo a razón de las cifras de población.
La reforma podría acabar con lo que perciben de los políticos de los organismos autónomos, puesto que establece que "sólo los concejales que no tengan dedicación exclusiva ni parcial cobrarán dietas de asistencia a sesiones de órganos colegiados". En esta situación no se encuentran, por ahora, ninguno de los 31 diputados provinciales, dado que todos tienen la exclusiva. De ser así, se acabaría por tanto el percibir 300 euros por cada reunión de SUMA, el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert o el Consorcio Provincial de Bomberos. En el Ayuntamiento de Alicante, se acabarían, por ejemplo, los que se perciben los ediles con dedicación de varios patronatos como el de Turismo (91 por reunión) o el de Vivienda (30 por reunión).
