Miembros de varios colectivos ciudadanos, entre ellos Stop Desahucios, Toma la Plaza (15-M) y la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), se han concentrado hoy ante el ayuntamiento de Alicante para protestar contra los recortes en las partidas municipales destinadas a Acción Social.
También para solicitar una auditoría de las cuentas públicas del consistorio.
Integrantes de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), apoyada por algunos representantes de partidos políticos, han presentado en el ayuntamiento una iniciativa en la que reclaman "una moratoria inmediata en el pago de las deudas financieras de las administraciones públicas".
En el citado documento también exigen "una auditoría bajo control ciudadano" de la deuda, así como "la primacía del gasto social sobre el pago de la deuda y de sus intereses", y también una "revisión de los impuestos municipales" para asegurar que sean "progresivos en función de la renta".
Según ha explicado la portavoz de la PACD, Manuela López, "la deuda pública es ilegítima" debido a que "proviene del rescate bancario" o de "la externalización de gastos como consecuencia de la privatización de algunos servicios públicos".
La Plataforma considera que sería necesaria "una auditoría de esa deuda bajo control ciudadano", con el fin de destinar "muchos de los medios que se están despilfarrando para cubrir necesidades sociales".
Los concentrados han lamentado la reducción del presupuesto de la partida de Acción Social del ayuntamiento, a la que "se le ha recortado medio millón de euros".
Para uno de los portavoces de la plataforma Stop Desahucios, José María Copete, "con esos 500.000 euros podría hacerse mucho, entre otras cosas, resolver el problema del hambre, porque los bancos de alimentos están desbordados".
Copete ha reconocido que "se tienen evidencias de que en la ciudad de Alicante hay hambre y malnutrición", y ha referido casos de personas que han explicado a la plataforma que "sólo pueden realizar una comida al día".
"Hace un año, las familias que venían a Stop Desahucios todavía tenían algún apoyo, una especie de colchón social. Pero ahora vienen en un estado de desesperación y de desamparo mucho más avanzado", ha relatado Copete.
El portavoz de Stop Desahucios ha contado también que son ya muchas las familias que "sobreviven con la ayuda de los 425 euros para los desempleados, de la que 300 euros son para pagar el alquiler, y con 125 euros pasa el mes una familia de tres personas".
La plataforma ha solicitado la intermediación del Síndic de Greuges para que el ayuntamiento de la ciudad "haga público y transparente el sistema de adjudicación social de viviendas", y han hecho entrega en la Sindicatura de esta petición por escrito y respaldada por mil firmas.
En las últimas semanas, el consistorio ha tomado diversas medidas en relación con los problemas de vivienda, como la puesta en marcha de la Oficina municipal de intermediación en conflictos hipotecarios o de alquileres, la constitución el pasado lunes de la comisión municipal contra los desahucios o las cartas enviadas por la alcaldesa, Sonia Castedo, pidiendo a las entidades bancarias que pongan a disposición sus viviendas vacías para arrendarlas con alquileres sociales.
El portavoz de Stop Desahucios "da la bienvenida" a estas acciones, pero ha lamentado que "se podía y se debía haber actuado mucho antes".
Tras la concentración en el ayuntamiento, los manifestantes se han trasladado a las oficinas centrales de diversas entidades bancarias, acompañando al interior de ellas a algunos afectados por problemas de deudas hipotecarias o alquileres.
