"No somos centros educativos pero tampoco lo pretendemos. Nuestra labor es social y queremos tranquilizar a los padres que confían en nosotros para dejarnos a sus hijos, porque no nos pueden cerrar". Marina Bustamante, presidenta de la nueva asociación CIPE, que agrupa a trescientas guarderías de Alicante, hace un llamamiento al resto de centros de la provincia "que suman un millar" para defender su servicio frente a las denuncias de las que han sido objeto por parte de ACADE, la asociación de centros de educación infantil homologados por la Generalitat
Alarma
"Dicen que nos van a cerrar por falta de permiso de apertura, pero tenemos ese permiso del ayuntamiento y los padres tienen que saberlo y no alarmarse", insiste la presidenta del nuevo colectivo, que se ha unido para hacer frente a los centros que en los últimos ños han hecho inversiones para adecuar las instalaciones a las premisas de la ley educativa, y que han contratado profesionales de la enseñanza para pasar de ser guarderías a escuelas infantiles.
"Nosotros no queremos subvenciones -se refieren al bono infantil que reciben todos los padres con niños entre 0 y 3 años que los escolarizan en centros de educación infantil homologados-. Nuestra labor es social, no queremos ser escuelas infantiles y los padres tienen derecho a elegir libremente el tipo de servicio que quieren para sus hijos".
Bustamante advierte un "trasfondo económico" en la denuncia de ACADE sobre el cierre de los centros que no están homologados. "Se ha denunciado a más de 150 guarderías ante Educación, centros que prestan servicio a más de 4.500 niños y en los que trabajan más de un centenar de personas. Cumplimos todas las normas higiénico-sanitarias y pagamos los correspondientes impuestos, por lo que reivindicamos seguir ejerciendo nuestra labor social como en los últimos 30 años". Para hacer pública esta situación, las guarderías se reunieron ayer en Alicante.
