Las movilizaciones de trabajadores y familiares de discapacitados se extendieron ayer por la provincia en respuesta a la deuda que arrastra el Consell con los colectivos del sector y a la anunciada reducción del 9% en los presupuestos para el presente ejercicio. A los encierros en el Centro Ocupacional San Pascual de Ibi y el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) de Ciudad Jardín de Alicante, se han unido en las últimas horas al menos otros seis centros repartidos por la provincia, pese a que la titular de Bienestar Social, la alicantina Asunción Sánchez-Zaplana, anunció este pasado lunes que "antes del 1 de febrero" se abonarán las cantidades pendientes a los colectivos del sector de la Enfermedad Mental de la Comunidad, con lo que se "liquidaría la deuda al cien por cien" en este sentido. Se prevé que los encierros se prolonguen al menos hasta mañana jueves, a la espera de que la consellera cumpla su palabra y acabe con la deuda que arrastra Bienestar Social.
En Alicante, los trabajadores del Centro de Día y Residencia San Rafael se sumaron ayer a las movilizaciones con un encierro nocturno en las instalaciones ubicadas en Santa Faz, que un día antes habían iniciado trabajadores de Upapsa (Unión Provincial de Asociaciones Pro-minusválidos Psíquicos de Alicante), a quien les adeudan 400.000 euros. Además, los trabajadores de Afema, la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales, continúan con el encierro que iniciaron la pasada semana en el CRIS de Ciudad Jardín.
En San Vicente del Raspeig se encerraron trabajadores, familiares y usuarios del Centro Ocupacional Maigmó, que han venido realizando numerosas protestas en los últimos meses hasta que hace un mes la Generalitat les abonó la deuda. Uno de los trabajadores, Paulino López, explicó ayer que "somos de los pocos que estamos prácticamente al día ya que tenemos un contrato de gestión integral pero nos hemos concentrado en apoyo al resto de los centros y también porque nos afecta el recorte del nueve por ciento para 2013".
Esta reducción en la partida destinada a los centros de discapacitados supone que este año dejarán de ingresar 54.000 euros y "muchos programas de ocio, formación o rehabilitación se quedarán fuera como el de hipoterapia o los talleres de batucada", indicó López, que destacó que esta situación "viene a minar los cánones de calidad" en el servicio que se presta a 68 usuarios. Al encierro de ayer acudieron los concejales del PSOE Rufino Selva y Lidia López, quienes reclamaron que "resuelva de forma inmediata" el conflicto con los discapacitados.
Por su parte, trabajadores, usuarios y familiares del centro ocupacional San Pascual de Ibi se encuentran cumpliendo la segunda semana de encierro para exigir el pago de los 120.000 euros que les adeuda la Generalitat y que los ha situado al borde del cierre. Los empleados llevan casi cinco meses sin cobrar y la entidad no puede hacer frente a los gastos básicos de funcionamiento. El director, Paco Rico, mostró ayer su agradecimiento a los distintos centros de la provincia que se han solidarizado con ellos a través de encierros y actos reivindicativos. "Es un respaldo que nos reconforta y que al mismo tiempo sirve para que todos estemos alerta, porque aunque cobremos el jueves, como se ha comprometido la consellera de Bienestar Social, no podemos descartar que los impagos vuelvan a repetirse en el futuro", manifestó. El centro ocupacional San Pascual atiende a 45 discapacitados intelectuales de la comarca de la Foia de Castalla.
En la comarca del Vinalopó, una treintena de personas se unieron sumaron ayer al encierro del Centro de Día El Puente de Aspe, que pese a cobrar la deuda se sumó ayer en solidaridad con el resto de centros. En Villena, unas veinticinco personas, entre usuarios, familiares y trabajadores de Afepvi (Asociación de Familiares de Enfermos Psíquicos de Villena), comenzaron ayer un encierro en el CRIS, sumándose a la propuesta planteada por la Plataforma Discapacidad en Marcha. Por último, en Elda, la Asociación Pro Discapacitados Psíquicos (Asprodis) también se movilizaron ayer para reclamar la deuda de 450.000 euros que tiene el Consell con un centro que atiende a unos 300 usuarios y cuyos 113 trabajadores llevan tres meses sin cobrar.
