Ni una, ni dos. Hasta tres vías de ingresos mensuales acumula la inmensa mayoría de los diputados que conforman la Diputación Provincial de Alicante. En plena polémica por los sobresueldos de 360 euros que cobran los parlamentarios del PP en las Cortes -los reciben en un sobre y sin tributar a Hacienda- y con el paro desbocado y afectando ya a seis millones de españoles, los 31 políticos con escaño en el Palacio Provincial pueden considerarse unos privilegiados. Todos, sin excepción, cuentan con dedicación exclusiva en la corporación. Es decir, su nómina emana de las arcas provinciales. Y el que menos, además, cuenta con un salario base anual de 60.000 euros.

Esas retribuciones, utópicas para buena parte de la población, no se quedan sólo ahí. Tienen dos sobresueldos. Los 20 dirigentes del PP y los 11 del PSOE también ingresan mes a mes cantidades nada desdeñables de dinero por acudir a las reuniones de los organismos autónomos de la Diputación. Hasta 300 euros se embolsan por participar en los cónclaves de Suma (organismo de gestión tributaria), Geonet (una firma pública relacionada con el territorio), el Consorcio Provincial de Bomberos y el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Estas entidades se reúnen desde una hasta 12 ocasiones (el Gil Albert) al año y conllevan un plus salarial para los diputados.

Desde que Luisa Pastor se hizo cargo de la institución mediado el año 2011, los emolumentos a cobrar por la asistencia a un organismo se han reducido. Para muestra, un botón. Cuando Joaquín Ripoll comandaba la Diputación, cada uno de los consejeros de Suma percibía 1.200 euros por asistir a una reunión. Tanto los del PP, como los del PSOE. Había ocasiones, también ahora, que la convocatoria se ventilaba en apenas 30 minutos. Es decir, que cada dirigente que asistía a ellas le salía el minuto a una media de 40 euros.

Pues bien, Luisa Pastor quiso poner coto a estas prácticas. A los pocos días de tomar posesión -ya con la crisis más que asentada en el panorama nacional- anunció una batería de medidas de austeridad. Entre ellas figuraba la reducción de un 75% de la asignación por asistir a esas reuniones de Suma. De 1.200 se pasó a 300 euros. Ese es el tope máximo que paga la institución por acudir a las asambleas o consejos de sus organismos autónomos. Ahora bien, pese a todos estos recortes, Pastor es la que más cobra y la que asiste a más consejos. Además, todos los meses percibe cantidades cercanas a 1.000 euros del consistorio que también dirige, el de San Vicente.

A todos los ingresos se suman también los gastos de kilometraje. Cada vez que un parlamentario acude al Palacio Provincial, a algún organismo o a actos oficiales, las arcas de la institución sufragan su desplazamiento. Se paga, eso sí, vía transferencia. A diferencia de los sobresueldos de las Cortes Valencianas, la Diputación es especialmente estricta a la hora de justificar los gastos. Si un dirigente, por ejemplo, acude a un restaurante durante un viaje oficial, debe presentar factura. No vale un tiquet.

Hasta aquí, las dos vías de ingresos que proceden de la institución provincial. La mayoría de los 31 dirigentes que la componen también perciben retribuciones de sus respectivos ayuntamientos. Dado que todos tienen la dedicación exclusiva en la Diputación, la ley les permite cobrar indemnizaciones por asistencias a los plenos, las juntas de gobierno y las comisiones informativas que se celebren en sus localidades. Según los datos recabados por este diario, sólo Adrián Ballester, diputado de Modernización, ha renunciado a percibir un solo euro de su municipio. Hasta Mercedes Alonso, que en precampaña proclamó a los cuatro vientos que su sueldo provendría de la Diputación, recibe dinero del Ayuntamiento de Elche.

Compatibilidad

Existen además otros cuatro diputados que cuentan nada menos que con cuatro vías de ingresos, dado que tienen aprobada la compatibilidad. Son Manuel Pérez Fenoll (es dentista y tiene una clínica en Benidorm), Manuel Aracil (colabora en una empresa privada en el sector de los seguros), Joaquín Albaladejo (posee una empresa familiar dedicada al arrendamiento de inmuebles) y el socialista Alejandro Soler (también trabaja en un bufete de abogados).

El recrudecimiento de la crisis y las dificultades de multitud de familias para llegar a fin de mes ha abierto un debate interno entre diputados en ambos grupos para valorar si han de prescindir de alguna de estas retribuciones. Según ha tenido constancia este diario, varios diputados tanto populares como socialistas están por la labor de renunciar a sus asignaciones por asistir a estas reuniones. Y más, en una época en la que el desapego de la ciudadanía hacia la clase política es más que evidente. Hoy más que nunca debe dar ejemplo.

El popular Ballester es el único que ha renunciado a cobrar de su localidad

El diputado de Modernización, Adrián Ballester, es el único dirigente de la institución provincial que ha renunciado ya a cobrar por asistir a las juntas de gobierno, comisiones informativas y plenos que se celebran en su municipio, Redován. "Adopté la decisión en enero de 2012. Me parece injusto que, cobrando un sueldo de 3.000 euros de la Diputación, encima tenga que recibir más dinero por trabajar en mi población", explicó ayer a este diario. Máxime, "cuando hay familias que no llegan a fin de mes". Ballester cifró en 600 euros mensuales la cantidad que ha ahorrado a las arcas locales. A. F.