Segundo varapalo para el proyecto de instalación de una planta de biodiésel en el Puerto de Alicante. El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) del año 2010 en la que rechazó la autorización del Puerto a la implantación de la polémica planta de biodiésel y para la que se llegó a conceder un permiso por parte de la Autoridad Portuaria, pese a que al final el Ayuntamiento denegó la licencia.
El fallo del Supremo viene a contestar el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado en representación del Puerto de Alicante contra la sentencia del TSJCV, que dio la razón a EU contra la creación de la industria de biodiésel en uno de los muelles de Poniente.
La sentencia, si el ayuntamiento quiere intentarlo, le podría ahorrar a las arcas municipales 800.000 euros: los que otro juez del TSJ de la Comunidad estimó que el ayuntamiento tendría que pagar a la empresa en concepto de indemnización por no conceder la licencia pese a haber obtenido previamente la Declaración Ambiental y la autorización del Puerto de Alicante, presidido entonces por Mario Flores. El consejo de administración del Puerto aprobó en 2006 otorgar la licencia para una planta de biodiésel con el beneplácito del Ayuntamiento (entonces lideerado por Luis Díaz Alperi como alcalde y con Sonia Castedo como edil de Urbanismo) del que finalmente el Consistorio se retractó. La licencia no se concedió pese a que previamente Ayuntamiento, Puerto y Gobierno Central habían enfilado el proyecto presentado por Biodiesel Alicante.
El portavoz municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, instó ayer a la alcaldesa Sonia Castedo a utilizar esta sentencia -que indicó que es firme- y que impone las costas a la Abogacía del Estado, para evitar pagar la indemnización de 800.000 euros que reclama Biodiesel Alicante. La cantidad que exigía era mucho mayor, pero el juez estimó finalmente que debían ser esos 800.000 euros.
"Nueva desautorización"
Para Pavón, "el consejo de administración de la Autoridad Portuaria que en 2006 autorizó la planta ha vuelto a quedar desautorizado por la Justicia, un consejo del que formaban parte, además del entonces presidente Mario Flores, Luis Díaz Alperi como alcalde y la actual alcaldesa, Sonia Castedo, como concejala de Urbanismo". "Tampoco votaron en contra los dos representantes del PSOE, Etelvina Andreu y José María Pajín, el padre de Leire Pajín, que se abstuvieron", recordó Pavón. "Con la que está cayendo el ayuntamiento puede intentar ahorrarse 800.000 euros si alega con la sentencia que la licencia ya no tenía sentido una vez se desautoriza el permiso del puerto", explicó el edil, quien añadió a preguntas de este diario que el fallo "crea jurisprudencia" en relación al tipo de instalaciones que pueden autorizarse en el ámbito portuario. Pavón añadió que el ayuntamiento "puede y debe invocar ante el TSJ la sentencia firme obtenida por EU para que en fase de ejecución de la sentencia ganada por Biodiesel se alegue la improcedencia de la indemnización al haber adquirido firmeza la nulidad de la autorización portuaria ya que sin autorización portuaria pasa a ser irrelevante la concesión o denegación de la licencia municipal".
