La dirección nacional del PP extenderá la auditoría de la contabilidad interna por el supuesto reparto de sobres en "dinero negro" entre dirigentes populares a la Comunidad Valenciana y a Alicante. La cúpula popular investigará hasta el último papel disponible de la sede regional y provincial y será "inflexible" en el caso de que, efectivamente, se detecten irregularidades. Hay temor en las filas de los populares valencianos por los efectos del caso Bárcenas -el responsable de controlar las cuentas del PP durante las dos últimas décadas y titular de cuentas en Suiza en las que acumulaba 22 millones de euros- en la estructura popular de la Comunidad. Máxime cuando la gaviota ya vuela sacudida de norte a sur por un sinfín de sumarios de corrupción. Suma y sigue. A las operaciones Gürtel y Brugal, la trama de Cooperación, el supuesto reparto de comisiones en la visita del Papa a Valencia, el caso Over Marketing o la situación judicial de Carlos Fabra se podría sumar ahora un nuevo escándalo. Una complicada situación que mantiene bloqueada la gestión de Alberto Fabra en la Generalitat y que atenaza al PP, en sus horas más bajas desde que llegó en 1995 al poder de las principales instituciones.

Serafín Castellano, número dos de Fabra en el partido; y Gerardo Camps, coordinador de los parlamentarios del PPCV en Madrid y miembro de la ejecutiva nacional, llevaron la voz cantante en la reunión que el comité de dirección de los populares valencianos mantuvo en la tarde de ayer, apenas unas horas después de que Mariano Rajoy pusiera en marcha la maquinaria para intentar hacer frente al escándalo que tiene como epicentro al extesorero del PP, Luis Bárcenas, una de las piezas claves, a su vez, de la trama Gürtel. Génova solicitará toda la documentación disponible al gerente regional y a los provinciales para, con posterioridad y en base a esa documentación, encargar una auditoría externa -anunciada ayer por María Dolores de Cospedal- que, por tanto, afectará también a las organizaciones territoriales. También se incluirá en el paquete, las cuentas del grupo del PP en las Cortes, donde también se reparten desde hace años sobresueldos de hasta 360 euros libres de tributación fiscal para cada diputado.

Durante la reunión del sanedrín popular, Castellano defendió la medida y se mostró convencido de que, en estos momentos, es el único camino para garantizar la "transparencia" e intentar lavar la imagen del PP. A diferencia de los socialistas, la organización de los populares obliga a que todas las cuentas se abran con el mismo Código de Identificación Fiscal (CIF) por lo que forman parte de un balance único y, por tanto, tienen que someterse a auditoría. No obstante, como admitieron fuentes del PP, se llevan "dobles contabilidades", especialmente, en los municipios, donde los colectivos locales abren cartillas de ahorro con otros nombres para dejar un volumen de ingresos al margen del control de los órganos superiores del PP que, normalmente, sirven para afrontar deudas de campaña o el alquiler de sedes.

La filosofía general que se trasladó durante el encuentro del comité de dirección fue que, mientras numerosos cargos públicos, están tomando decisiones "muy duras" que afectan directamente a los ciudadanos, el PP no se puede permitir que la corrupción deteriore aún más su imagen. Así que el objetivo es claro: se tomarán decisiones drásticas en el caso de que se detecte algún tipo de irregularidad. Hay mucho temor en las filas populares a que, durante la investigación interna, aparezcan datos que acrediten el pago de sobresueldos en dinero negro entre cargos del PPCV.

A las puertas de la sede nacional de la calle Génova, el presidente de la Generalitat calificó de "necesaria" la auditoría y se mostró confiando de que, finalmente, se demostrará que "no hay absolutamente nada". Esta medida, en su opinión, será fundamental para generar "credibilidad". "Siempre he estado tranquilo pero también estoy indignado por lo que esta persona ha puesto encima de la mesa", aseveró en relación al extesorero. "La mayor parte de la gente que se dedica a la política es honrada. Es tiempo de tomar decisiones delicadas y favorecer la transparencia", lanzó Fabra que, sin embargo, mantiene a nueve imputados en la bancada del PP en las Cortes. Y al que se le multiplican los problemas: Milagrosa Martínez, alcaldesa de Novelda y parlamentaria autonómica, ya ha trasladado que resistirá hasta el final y que rechaza cualquier tipo de presión para provocar la renuncia a sus cargos públicos. Anticorrupción solicita once años de prisión e inhabilitación para la que fuera segunda autoridad de la Comunidad por las adjudicaciones de Fitur a la red Gürtel.