Anticorrupción pide que la exconsellera de Turismo y actual alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, sea condenada a 11 años de prisión y a 34 de inhabilitación por los supuestos contratos irregulares de Fitur con Orange Market -filial valenciana de la trama Gürtel- entre 2005 y 2007. El fiscal también reclama que su sucesora en la Conselleria de Turismo, la benidormense Angélica Such, sea sentenciada a 9 años de inhabilitación por las contratas de Fitur de los años 2008 y 2009.

El juez instructor del caso Gürtel en el TSJ, José Ceres, procesó al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla pero el fiscal considera, sin embargo, que no se puede mantener su imputación porque, como ya publicó INFORMACIÓN, los indicios de delito contra él son muy débiles. Sin embargo, Rambla tendrá que sentarse igualmente en el banquillo porque el PSPV -que ejerce la acusación popular- reclama que sea condenado a 1 año de cárcel y 16 de inhabilitación. Los tres siguen ocupando, por ahora, escaño en las Cortes Valencianas.

La Fiscalía pide que sean condenadas, además, trece personas por la pieza separada de Fitur, entre ellas los principales cabecillas de la trama corrupta -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes"- que se enfrentan a penas de entre 11 y 6 años de cárcel. El fiscal también reclama 11 años de prisión para Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo. Betoret ya fue condenado a pagar una multa de 9.600 euros por la causa de los trajes. El magistrado mantiene abiertas las otras dos piezas de Gürtel que tienen que ver con la supuesta financiación irregular del PP. Una investiga un presunto delito electoral por las elecciones autonómicas y municipales de 2007; y la otra por financiación ilegal durante las elecciones de 2008. Vicente Rambla permanece imputado por las dos piezas.

El escrito de acusación del fiscal, que tiene 49 páginas, desgrana las supuestas irregularidades en las adjudicaciones del stand de Fitur entre los años 2005 y 2009 a Orange Market, la empresa que dirigía "El Bigotes" y que, a la vez, organizaba actos del PP. El fiscal acusa a los responsables políticos que aprobaron las adjudicaciones, a los funcionarios que las tramitaron y que supuestamente incluso facilitaron información privilegiada al grupo de Correa y a los cabecillas de la red.

Un papel clave

El fiscal destaca en el escrito de acusación la importancia de Milagrosa Martínez y de su jefe de gabinete, Rafael Betoret, para la adjudicación de los contratos a Orange Market. La Fiscalía considera que la expresidenta de las Cortes y exconsellera de Turismo pudo cometer un delito continuado de malversación de caudales públicos por el que le reclama 7 años de prisión, un delito de cohecho por el que solicita 4 años de cárcel y otro delito continuado de prevaricación administrativa por el que le pide 9 años de inhabilitación. El fiscal imputa a Angélica Such un delito de prevaricación administrativa por el que le solicita los mencionados 9 años de inhabilitación.

El ministerio público imputa al exjefe de gabinete de la conselleria Rafael Betoret los delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y malversación de caudales. Betoret se enfrente a una condena de 11 años de cárcel. El fiscal también reclama que sean condenados igualmente los funcionarios de Turismo procesados.

Cabecillas de la trama

Anticorrupción imputa a los cabecillas de la trama un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de malversación de caudales públicos y entiende que son cooperadores del delito de falsificación de documento oficial y cohecho. El escrito de acusación recuerda que la trama Gürtel facturó a la Generalitat más de cinco millones de euros por la instalación de los expositores de cinco ferias de turismo entre 2005 y 2009 a pesar de que la empresa no reunía las condiciones técnicas y económicas para haber acudido a esas adjudicaciones.

El fiscal incide en que Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez decidieron en 2003 extender a la Comunitat Valenciana la actividad que ya mantenían en Madrid gracias a sus contactos con dirigentes del PP. Según la calificación del fiscal, Álvaro Pérez logró acceder en 2004 a la entonces consellera de Turismo Milagrosa Martínez y a su jefe de gabinete, Rafael Betoret. A partir de ese momento, el grupo de Francisco Correa obtuvo numerosos contratos como el de feria turística.

El escrito de acusación precisa que desde la Agencia Valenciana de Turismo se elaboró un borrador del pliego de condiciones técnicas del stand de Fitur de 2005, que presuntamente fue enviado al grupo Correa para que prepara con éxito su oferta. La Fiscalía Anticorrupción está convencida de que la mercantil Orange Market "no solo no habría podido lograr ser adjudicataria de contrato alguno, sino incluso ser admitida como empresa participante en el concurso, por carecer de la necesaria solvencia técnica" sin la intervención de Milagrosa Martínez, Rafael Betoret y otros altos cargos de la conselleria de Turismo.