La retribución máxima que obtuvo Joaquín Ripoll en su condición de presidente de la Diputación de Alicante, cuyo importe ascendió en 2010 -periodo estudiado en el informe del Tribunal de Cuentas- a 141.428 euros, fue el doble de la media que el resto de mandatarios de corporaciones provinciales. Los emolumentos de Ripoll están dentro del porcentaje de corporaciones detectado por el fiscalizador público que superaron a los de los cargos políticos autonómicos y también a los miembros del Gobierno de España. Concretamente, el Tribunal de Cuentas asegura en su informe que el 31% de los alcaldes y titulares de diputaciones ingresó más que el presidente de su autonomía y un 21% superó incluso lo cobrado ese año por el inquilino de La Moncloa. La constatación de que, en estos momentos, las diputaciones se encuentran por encima de las corporaciones locales a nivel de retribuciones llega cuando, precisamente, se encuentra en el debate público la posibilidad de suprimir las corporaciones provinciales, algo que el PSPV plantea como una alternativa para ahorrar y generar un nuevo modelo territorial.
La retribución media abonada a los miembros de corporaciones locales fue de 37.970 euros al año, si bien las cifras se elevan en el caso de los concejales y diputados provinciales -52.439 euros-; los tenientes de alcalde y vicepresidentes de diputación ingresaron de media un total de 60.975 euros; y, finalmente, los alcaldes y presidentes de diputación (74.463 euros), cerca de 60.000 euros menos de lo que se embolsó Ripoll en el periodo auditado por el Tribunal de Cuentas del Estado que, como se recordará, emite sus dictámenes con dos años de retraso.
Entre las recomendaciones, el Tribunal de Cuentas propone regular baremos objetivos a la hora de fijar retribuciones y poner límites cuantitativos. También pide restringir el número de entidades a las que puede pertenecer un cargo electo. En aras de una mayor transparencia, la institución solicita que se publiquen los acuerdos sobre sueldos y pago de dietas.
