El último día hábil antes de Navidad, el vicepresidente del Consell, José Císcar, firmó sendas resoluciones que cambiaban de un plumazo el presupuesto de la Generalitat por un importe de 41,5 millones, unos 7.000 millones de las antiguas pesetas. A través de una serie de modificaciones cuyo contenido fue publicado ayer en el Diari Oficial de la Comunitat (DOCV), el Consell inyecta 15,5 millones de euros en las cuentas de Canal 9 y otros 16,5 para financiar centros de enseñanza concertada. En el año de los ajustes en Sanidad, de los recortes en la Educación pública y de un plan de reequilibrio que prevé un tijeretazo de 2.500 millones, el Gobierno de Alberto Fabra tuvo que acudir al rescate de RTVV, ente público inmerso en un ERE con cerca de 1.200 despidos; y entregar más dinero a centros educativos privados. Cuestión de prioridades a la hora de gestionar.
La primera de las dos resoluciones, aprobadas el 21 de diciembre pero conocidas ahora, mueve créditos por valor de casi 38,6 millones para actuaciones "ineludibles". Casi la mitad del dinero -un total de 15,58 millones, como figura en el acuerdo- se destinará a ampliar la dotación que sirvió para financiar RTVV en 2012. Con esta resolución, el montante que recibió la cadena durante el ejercicio que se cerró hace ahora quince días pasaría de los 97 millones inicialmente presupuestados a un total a 112,6, una desviación en los balances de alrededor del 20% que, en principio, no se correspondería con la indemnización de los despidos en Canal 9.
Un descontrol en el gasto que se registra, precisamente, durante el año en el que la Generalitat puso en marcha un ambicioso plan de ajuste con recortes a los funcionarios y también a servicios públicos básicos. Un apunte que denota la importancia de este movimiento en el balance: la cantidad asignada al funcionamiento de la cadena autonómica es superior, por ejemplo, a los 105 millones que figuran en los presupuestos del Servicio Valenciano para el Empleo y la Formación (Servef), piedra angular de la gestión laboral de la Generalitat en una Comunidad que acumula ya más de 700.000 parados.
El diputado Josep Moreno, portavoz del PSPV en la comisión parlamentaria de RTVV, calificó de "estafa" los cambios en las cuentas del ente y aseguró que se trata de "un nuevo engaño de Fabra a los valencianos". "La Generalitat ocultó a los representantes de los ciudadanos el auténtico presupuesto de la Generalitat y el auténtico presupuesto de RTVV para, apenas una semana después de estar en vigor el nuevo balance, publicar la modificación de las anteriores de manera tramposa", denunció Moreno que, en todo caso, también reveló que la comisión parlamentaria de RTVV lleva siete meses sin reunirse. "No sabemos nada de la dimisión de López Jaraba, ni de su sustituto ni ahora tampoco de esta modificación", relató el diputado.
En ese mismo acuerdo rubricado por el vicepresidente José Císcar, la Generalitat también aumenta las prestaciones económicas para personas dependientes en 6,5 millones al tiempo que, en época de tijeretazos en la educación pública, los centros concertados y acogidos a convenios, tanto en primaria como en secundaria, se benefician de subvenciones por importe de 16,5 millones, según consta en el texto que publica el DOCV. Un segundo acuerdo, también avalado por Císcar, facilita cambios en el presupuesto del programa de Formación Profesional por importe global de 2,9 millones. Dentro de este paquete de movimientos presupuestarios, se minora en 39.000 euros la línea de apoyo profesional para empresas; baja en 139.685 euros el programa dedicado al fomento laboral en las empresas; se suprimen becas de formación por un importe de otros 72.000 euros y una partida de cerca de 200.000 para experiencias formativas.
Los socialistas y Compromís critican a Fabra por los impagos
Durante una visita a Alicante, el líder del PSPV, Ximo Puig, definió al Consell de Alberto Fabra como una "fábrica de generar parados" debido a sus impagos "en todos los sectores" económicos y sociales que, en su opinión, hacen que muchas empresas cierren o se vean abocadas al despido de parte de su plantilla. Para Puig, las deudas del Gobierno valenciano son "intolerables" y contribuyen a que, cuando finalice el mes de enero, se registre "probablemente la cifra más alta de parados en la historia" de la Comunidad. Por su parte, la diputada de Compromís por Alicante, Mireia Mollá, denunció los impagos de la Generalitat a los centros de formación de parados de la provincia desde 2010, con un total de 6.000 parados sin recibir cursos.
