Un total de nueve niños y una maestra resultaron heridos leves al hundirse el suelo del aula en el que daban clase el pasado viernes en Santa Pola. Este suceso es el último episodio de una espiral de accidentes en colegios e institutos que en los últimos meses ha hecho saltar las alarmas entre los agentes educativos de toda la Comunidad Valenciana.
Tras el último derrumbe, el pleno del Consell aprobó por vía de urgencia un plan de revisión y diagnóstico de los centros educativos. Sin embargo, en enero de 2012 los veinte técnicos que formaban parte del servicio de prevención de riesgos de la Conselleria de Educación fueron absorbidos por el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat).
Los inspectores fueron trasladados mediante una resolución de la Conselleria de Hacienda a un organismo que hasta entonces realizada funciones de asesoramiento. Pasaron de trabajar de forma exclusiva en el ámbito educativo a encargarse de la revisión de los riesgos de los centros dependientes de toda la Administración pública, en una maniobra de concentración de efectivos por parte del Consell.
Fuentes de la inspección educativa comentaron que "en los últimos años habíamos redactado cerca de 200 documentos que destacaban deficiencias y urgían a tomar medidas. Como no había fondos, los trabajos se almacenaban en estanterías mientras nosotros alertábamos de posibles consecuencias. Éramos un elemento molesto y decidieron hacernos de lado".
Así, el cuerpo de inspección que se encargaba de las evaluaciones de riesgos de los centros educativos se diluyó en un servicio global que atiende a todas las consellerias. La decisión tuvo consecuencias claras: "desde el 2008 se realizaban cerca de 75 revisiones solamente en edificios educativos y durante el año pasado no se firmaron más de 15 en infraestructuras de todo tipo".
La "centralización" de los servicios de inspección ejecutada hace un año choca con el reglamento de los servicios de Prevención de Riesgos Laborales del Consell aprobado en 2001.
