A falta de presupuesto para gestionar y de proyectos que "vender", la oferta de pactos por la Comunidad que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, puso encima de la mesa durante su tradicional mensaje de Año Nuevo marcará la agenda política en 2013. Y una de las cuestiones pendientes con mayor calado, en tanto que supone una reforma del Estatuto que obligaría a un pacto entre el PP y el PSPV, será, sin duda, la negociación para "adelgazar" las Cortes a partir de las elecciones de 2015, tal y como el propio jefe del Consell propuso en su día durante el último debate de política general. Serafín Castellano, conseller de Gobernación y número dos de Fabra en el PP, y el líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ya han mantenido contactos para reducir el número de escaños del hemiciclo. A cambio, el PSPV plantea que, de forma irrenunciable, se ejecute un "tijeretazo" de, al menos, el 50% del listado de altos cargos, lo que los socialistas han bautizado como la cúpula directiva de dirigentes del PP cobijados en la Generalitat a través de la vía del "enchufe". Una élite de políticos "a dedo" que engloba a unos 290 cargos colocados directamente por los populares, de acuerdo con los cálculos que maneja el PSPV.

La propuesta inicial de Fabra incluía reducir el número de diputados autonómicos de 99 a 79. Los socialistas están dispuestos a entrar a negociar esa rebaja dentro de las conversaciones para reformar el Estatuto pero, sin embargo, se decantan por dejar el hemiciclo en 89 escaños. Esa era, de hecho, la cifra de parlamentarios que las Cortes Valencianas tenían hasta los comicios de 2007. La modificación estatutaria que un año antes acordaron Francisco Camps y el socialista Joan Ignasi Pla incluía elevar el número de diputados hasta los 99 actuales, una ampliación que, engullida por la magnitud de la crisis económica que azota a la Comunidad y de llegarse ahora a otro acuerdo entre el PP y el PSPV, habría durado apenas dos legislaturas.

Para entrar en ese juego, los socialistas exigen poner coto a la citada cúpula directiva de 290 cargos "a dedo" del PP en la administración autonómica y exigen reducirla en 147 personas. Y ponen un ejemplo muy claro: suprimir únicamente el aparato de las delegaciones del Consell en las tres provincias -uno de los puestos que, de concretarse el acuerdo, tiene más papeletas para desaparecer- ya generaría más ahorro que rebajar el número de diputados autonómicos. Nótese, además, una diferencia muy importante: reducir parlamentarios en las Cortes -como desea el PP- supone "recortar" democracia en tanto que son elegidos por los ciudadanos; mientras que rebajar el número de altos cargos afecta a dirigentes "elegidos" de forma directa por el partido que tiene la potestad de conformar el gobierno.

Ximo Puig está casi obligado -dada la actual coyuntura económica- a abordar la cuestión. Pero la propuesta de Fabra genera recelos entre los cuadros del PSPV por ese "recorte" democrática; y además supone poner "obstáculos" a la pluralidad del parlamento. Los socialistas quieren evitar el debate interno en sus filas y sortear los ataques de los grupos ciudadanos que reclaman abrir la representación política. Y, para eso, la única vía pasa por acompañar la reducción de las Cortes con el recorte de altos cargos. En las primeras conversaciones entre Castellano y Puig para abordar la reforma del Estatuto, las posiciones están todavía muy distantes. El conseller de Gobernación, departamento que tiene encomendadas las competencias ligadas al autogobierno, ha quedado en remitir al líder socialista un primer borrador del texto que, en todo caso, debe incluir más cuestiones como la propuesta de la Comunidad para ajustar la financiación al número de habitantes, una cuestión que, a día de hoy, está paralizada en el Congreso.