El Ayuntamiento está obligado a pagar a Inusa 15 millones de euros antes del 30 de marzo próximo. Así lo establece el pliego de condiciones de la contrata de la recogida de basuras y limpieza de la ciudad concluida el 30 de septiembre pasado. Sin embargo, en la actual situación de las arcas municipales, el concejal Andrés Llorens reconoce que no se puede pagar. Esta circunstancia se produce cuando está a punto de iniciarse la tramitación municipal para adjudicar la nueva contrata de la basura, llamada la «contrata del siglo», por rondar los 500 millones de euros y ser la más elevada en la historia del Ayuntamiento, y a la que aspirará, con casi total seguridad, la propia Inusa.
Inusa, la mercantil participada por Enrique Ortiz, FCC y Cespa, concluyó el pasado 30 de septiembre los 12 años de adjudicación de la contrata de limpieza y recogida de basuras de la ciudad. A partir del 1 de octubre tendría que haber entrado en servicio una nueva contrata pero ello no ha sido posible como consecuencia del retraso municipal, que ni siquiera ha convocado el concurso para la adjudicación. El resultado de esta situación es que Inusa sigue prestando el servicio mediante contratos mensuales que son abonados por el Ayuntamiento con pagos «irregulares», criticados por Francisco Guardiola, el anterior interventor municipal, cesado desde ayer y trasladado a Tesorería.
La obligación del pago de los 15 millones a Inusa está fuera de toda duda y ni el Ayuntamiento lo discute. Tal compromiso municipal se recoge en el apartado IV del pliego de condiciones de la anterior contrata, en el que se dice, textualmente, que «las cantidades correspondientes a amortizaciones, no satisfechas a la finalización del contrato, serán pagadas por el Ayuntamiento, o bien por el adjudicatario del nuevo contrato, en un plazo no superior a seis meses a partir de dicha fecha de finalización». Por tanto, al haber concluido la contrata el 30 de septiembre pasado, el plazo máximo de seis meses vence el 30 de marzo próximo. De haberse adjudicado la nueva contrata este pago podría haberse obviado si la adjudicataria hubiera sido la propia Inusa, pero en las actuales circunstancias el Ayuntamiento no tiene otra salida que desembolsar los 15 millones si quiere cumplir sus propios contratos.
Inversiones en la planta
Los 15 millones de euros que se adeudan a Inusa corresponden a las inversiones efectuadas por la mercantil en la planta de residuos sólidos de Fontcalent y que siguen pendientes de amortización.
Sobre esta deuda, el concejal de Atención Urbana no pierde todavía las esperanzas y aún no descarta que al 30 de marzo se haya resuelto y adjudicado la nueva contrata. Una esperanza que parece inviable dado que a estas alturas todavía no se iniciado la tramitación de un concurso tan complejo y con muchos plazos por cumplir, hasta el punto de que fuentes consultadas calculan que hasta junio no se podrá iniciar la nueva contrata.
Andrés Llorens también sabe que es muy difícil que se cumpla el plazo y reconoce que entonces la única solución es que «Inusa tendrá que esperar porque el Ayuntamiento no puede pagarle los 15 millones».
Llorens añade que en el nuevo pliego de condiciones se ha fijado una cláusula en la que se contempla un procedimiento para el pago de esta deuda, pero nada puede impedir que el impago el 30 de marzo suponga un incumplimiento de la obligación municipal.
Consultadas fuentes de Inusa sobre este asunto, declinaron pronunciarse sobre el mismo.
Un débito que rondaría los 40 millones de euros
Las deudas del Ayuntamiento a Inusa no se limitan, desgraciadamente para las arcas municipales, a estos 15 millones de euros. Aunque conocer la deuda municipal al completo con la empresa de la recogida de basuras y limpieza de la ciudad no es sencillo, todo apunta a que además de estos 15 millones por las amortizaciones, el Ayuntamiento le adeuda una cantidad que rondaría los 25 millones de euros, como consecuencia de la no actualización de los precios de la limpieza y recogida de basuras en los últimos años. Por tanto, la deuda municipal con Inusa sería de alrededor de 40 millones de euros. Una cantidad que resulta prácticamente imposible desembolsar por el Ayuntamiento a corto plazo. A nadie se le escapa que esta deuda municipal con la empresa participada por Enrique Ortiz se agravaría en el caso de que la nueva contrata se adjudicara a otra mercantil, porque Inusa podría reclamar el pago y exigir intereses por la demora en el mismo. Pero también es verdad que la situación mejoraría notoriamente si Inusa, que previsiblemente optará al concurso, obtuviera la nueva adjudicación, ya que el Ayuntamiento se ahorraría los 15 millones por las amortizaciones, que asumiría la propia mercantil.
