El Consell que preside Alberto Fabra se ha aferrado al plan de pago a proveedores y al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) -eufemismo del rescate que tuvo que solicitar la Generalitat al Gobierno de Madrid- como el maná para salvar su crítica situación financiera e intentar, como prometió el citado Fabra durante su discurso de Año Nuevo, ponerse al día en los impagos durante 2013. Esa inyección económica, sin embargo y a diferencia de lo que puede parecer, no es una aportación a fondo perdido. No es gratis. Son préstamos con el aval del Estado que le costarán a la Generalitat muchísimo dinero -como mínimo, cerca de 2.400 millones en intereses durante el periodo de vigencia- y que, encima, hipotecarán el margen de futuros gobiernos en tanto que el grueso de la amortización la tendrá que afrontar el Ejecutivo que salga de las urnas en los comicios autonómicos que se celebrarán en mayo de 2015.
La puesta en marcha del plan de pago a proveedores, en la práctica, supone convertir deuda comercial en financiera -préstamos- por importe de 4.355 millones, tal y como recogía ya el último boletín estadístico del Banco de España. Pero eso no es una «ayuda» desde Madrid. Ni mucho menos. En realidad, se trata de un préstamo a diez años que, como mínimo, generará 1.662 millones en gastos financieros al margen, obviamente, de la amortización del capital solicitado. Un coste en intereses que, además, se podría multiplicar por cinco hasta los 8.502 millones en el caso de que se produzcan renovaciones de la deuda, algo bastante probable dada la crítica situación por la que atraviesan las arcas de la Generalitat.
Lo mismo ocurre con las cantidades económicas que ha ingresado el Consell a través del FLA, las siglas del fondo de rescate que el Estado puso en marcha para salvar a las autonomías de la suspensión de pagos: el temido «default». La adhesión al citado plan de liquidez ha permitido al gobierno de Alberto Fabra disponer de un total de 1.798 millones en 2012. Un operación de Tesorería con el aval del Estado que, para un periodo también de diez años, supondrá el abono de intereses, como mínimo, por valor de 686 millones, volumen que en el caso de una probable novación de las deudas podría dispararse hasta los 3.511 millones. Entre ambas operaciones se podrían llegar a superar ligeramente los 12.000 millones en intereses, cerca de dos billones de las antiguas pesetas. Todo ello, sin tener en cuenta, además, que el presidente de la Generalitat ya ha anunciado que se acogerá al fondo de rescate de 2013, lo que supondrá acudir a una nueva operación de tesorería con intereses aún por determinar.
Ambos préstamos, como el que también se formalizará con la versión del fondo de rescate para el año que ahora se inicia, tendrá que abordarlos, casi en su totalidad, el Ejecutivo que surja de los comicios autonómicos de 2015. De hecho, todas estas operaciones de tesorería tienen dos años de carencia. Eso significa que el capital no se empezará a amortizar hasta las fechas próximas a esos comicios. El grueso de la deuda será para el que venga. Y el último que apague la luz. El jefe del Consell se asegura liquidez para intentar ponerse al día, como prometió el martes en su mensaje de Año Nuevo pero reduce el margen de maniobra: el Estado descontará directamente las cuotas de los préstamos de las aportaciones ordinarias y mensuales del sistema de financiación. Con lo que la Generalitat tendrá, además, menos recursos disponibles para sufragar los servicios públicos básicos. Este complicado panorama vuelve a poner sobre el tapete, una vez más, la discriminación que sufre la Comunidad en el reparto de los fondos autonómicos: la Generalitat tendría que recibir, al menos, mil millones más cada año que ni tendría que devolver ni pagar intereses.
Julián López Milla (PSPV): «Fabra es incapaz de exigir el trato que Rajoy sí otorga a otras autonomías»
El vicesecretario de Economía del PSPV, Julián López Milla, cargó con dureza contra el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, al que acusó de ser «incapaz» de exigir a Mariano Rajoy el mismo trato para la Comunidad que, por contra, sí concede a otras autonomías. «Otros están recibiendo fondos y cantidades sin tener que recurrir a préstamos y sin pagar ni un euro de intereses. A los valencianos sí nos toca devolver el dinero y, encima, sumar más y más gasto financiero», apuntó López Milla que, a su vez, reprochó al jefe del Consell su «escaso peso» en Madrid a la hora de reclamar un nuevo modelo de financiación que evite la discriminación de la Comunidad. «De esa manera, recibiríamos más dinero sin tener que pedir préstamos. Por esta vía, nos metemos en un bucle con más deuda y más pago de intereses», concluyó el diputado del PSPV.
